Un cuerpo espera el retorno. Tal vez lo encontraron lejos del hogar que alguna vez habitó, antes de que le quitaran su identidad. Pero hoy tiene un nombre, un rostro, un lugar donde nació. Personas que lo han llorado, recordado, anhelado también esperan su regreso. Sin embargo, no saben dónde está ni qué le pasó desde que lo desaparecieron en medio del conflicto armado que dejó cerca de 24.500 víctimas de este delito solo en Antioquia, según los registros oficiales.
Ese cuerpo pudo ser el de un hijo, una madre, un padre, una tía, un abuelo, un hermano, un esposo, una sobrina, un amigo, un ser humano que despojaron de sus derechos, que asesinaron y luego sepultaron o dejaron abandonado a su suerte, queriendo borrar los rastros de su existencia. En todo el país 111.640 personas, incluidas las de Antioquia, corrieron esa suerte.
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Para las familias que lo han vivido, algunas incluso con varios de sus integrantes, significa un dolor persistente, marcado por la incertidumbre, por años que se acumulan sin noticias de sus seres amados, inmortalizados en una última fotografía, sin saber nunca cómo lucirían ante los cambios inexorables que hubiera causado el tiempo si siguieran vivos. Otros ni siquiera pueden estar seguros de que sus parientes están muertos y todavía esperan el milagro de verlos regresar.
Buscar a las familias
Por eso, de la obligación que tiene el Estado colombiano de garantizar la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado nació una campaña enfocada en encontrar a los familiares o allegados de aquellas cuyos cuerpos fueron recuperados en cementerios y lugares de interés forense, como fosas a cielo abierto, que ya están plenamente identificados, pero que aún no han sido entregados justamente porque no se sabe quiénes son sus familias.
A la campaña, que lanzaron hace casi un mes, la nombraron Búsqueda Inversa y la lideran la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Es una herramienta digital en la que divulgan datos recopilados sobre las víctimas ya identificadas, como nombre, número de cédula, fecha de nacimiento y municipio de origen, por si alguna persona las reconoce, con el fin de activar las rutas de entrega digna.
Ramón Ricardo Valenzuela, director de la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda de la UBPD, explicó que en algunos casos no saben cuáles familiares están detrás de esa persona desaparecida, mientras que en otros sí lo saben, pero no tienen conocimiento de su ubicación ni contactos para comunicarse. “Lo que buscamos es unir y dar ese cierre entre un cuerpo que tenemos y el familiar”, dijo. Es una tarea esencial, el fin último de los procesos que emprenden para dar con el paradero de los restos óseos y definir a quién corresponden, este último el paso más difícil, que puede tardar hasta más de una década.
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La estrategia Búsqueda Inversa tiene publicados 70 casos de todo el país, de los cuales sobre por lo menos 25 las entidades ya han logrado relación con familiares buscadores. Valenzuela aclaró que el número de víctimas desaparecidas incluidas en la campaña no puede entenderse como un sinónimo de la magnitud del delito de desaparición forzada en un lugar determinado. Por ejemplo, Antioquia es el departamento colombiano con más hechos registrados, casi el 22% del total, pero solo tiene relación con 7 de los 70 nombres de víctimas divulgados hasta el momento, según datos de la herramienta virtual.
Tres de ellos corresponden a cuerpos recuperados aquí, pero que nacieron en otros lugares. Darvin Olarte Rojas es oriundo de Cimitarra, Santander, y se cree que desapareció en Yondó, Magdalena Medio antioqueño; José Efigenio Mosquera Ibargüen es de Tadó, Chocó, pero el posible lugar de desaparición es Apartadó, Urabá antioqueño; y Luis Alfonso Vargas López nació en Bogotá y pudo desaparecer en Turbo, también en el Urabá.
Los otros cuatro son antioqueños de nacimiento, aunque sus cuerpos fueron recuperados en otras zonas. Carlos Mario Cruz Arboleda es de Segovia, Nordeste; Erik Harriman Gómez Machado, de Medellín; Víctor Julio Heredia Arenas, de Fredonia, Suroeste; y Carlebis Robinson Serna García es de San Rafael, Oriente. Pero sus cuerpos los recuperaron en Montecristo, Bolívar; Cúcuta, Norte de Santander; Buga, Valle del Cauca; y Tierralta, Córdoba, respectivamente. A la familia de Carlebis ya la encontraron, de acuerdo con el reporte actualizado de las entidades.
Son tres datos principales que se cruzan sobre cada víctima: el lugar de origen, el de posible desaparición y el de recuperación del cuerpo, si bien, estos dos últimos no siempre corresponden al mismo municipio o departamento, anotó el director. Por decir algo, una persona pudo nacer en Antioquia, desaparecer en Córdoba y su cuerpo ser encontrado en Santander. Asimismo, en estos casos, que se dan de forma distinta al común de las búsquedas y entregas de la UBPD, no se sabe quién es la familia porque muchas veces ni siquiera existe un reporte de la desaparición, lo que puede darse por el temor ante las dinámicas mismas del conflicto armado.
Son cuerpos identificados a lo largo de años por Medicina Legal, a través de métodos científicos como cotejo de huellas, piezas dentales o características puntuales de la persona. También se pueden dar tras cruces de información con bancos genéticos, bases de datos o reportes de necropsias por muertes asociadas al conflicto armado.
“Todos esos cuerpos que hemos venido recuperando, una vez pasen por el proceso de identificación de Medicina Legal, serían candidatos para ingresar a Búsqueda Inversa si no tenemos ninguna relación con un familiar o una persona que los busca”, agregó el director.
El fin último es la entrega
Aunque no se dio como parte de la campaña, en agosto pasado se selló una entrega bajo esta metodología en el corregimiento Puerto Valdivia, Norte antioqueño. Normandina recibió el cuerpo de Gladis Estela Pérez Cuadros, la mayor de sus 10 hijos, con quien tuvo contacto por última vez en diciembre de 2009. Era una adolescente de 15 años cuando la familia, dedicada a la agricultura y al jornal, llegó a casa y no la encontró. En ese entonces vivían en la vereda Organí, del corregimiento El Aro, en el vecino municipio de Ituango. “Un día llegamos a la casa a buscar el almuerzo y Gladis no estaba”, relató la madre.
Al principio, la familia recibía llamadas esporádicas de Gladis, hasta que un día les dijeron que había muerto, pero nunca supieron bien dónde. Los Pérez Cuadros habían tenido que huir de su tierra, escapar de los estragos del conflicto armado, y así terminaron en Valdivia, hasta donde les llevaron el cuerpo tras contactarlos para decirles que lo tenían identificado a plenitud.
Las sedes territoriales Sucre-Bolívar y Antioquia de la UBPD emprendieron la tarea con los aportes de la Corporación Humanitaria Reencuentros, de excombatientes de las extintas Farc que se dedican a buscar a personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado. La investigación humanitaria y extrajudicial de la territorial Sucre-Bolívar permitió establecer que Gladis murió en hostilidades el 6 de julio de 2010, en Montecristo, Bolívar, en límites con Nechí, Bajo Cauca antioqueño.
Catorce años después, el 22 de marzo de este año, su cuerpo fue recuperado durante la intervención de la UBPD en el cementerio Santa Cruz de Manga, en Cartagena. Compararon la información forense obtenida allí con los datos de la necropsia, en la que Gladis había sido identificada por las huellas dactilares. Establecieron que se trataba de la misma persona. La UBPD asumió la custodia del cuerpo y empezó a buscar a la familia para, por fin, devolverle a la hija que la guerra les arrebató.
En los casos con esta metodología el proceso de investigación culmina cuando logran contactar a los familiares, con quienes se debe verificar y establecer la veracidad del nexo con la persona desaparecida; por eso, les pueden solicitar documentación que lo demuestre, como un registro civil. Ahí comienzan las gestiones para entregar el cuerpo, que se hace respetando las consideraciones de las familias y donde estas quieren que se dé.
El trato con ellas es distinto al que se hace con las familias buscadoras que han tenido contacto con las instituciones, que han presentado solicitudes de búsqueda y que han aportado información para construir la investigación, incluso con pruebas de ADN para hacer cotejos con cuerpos recuperados. Factores como la generación de confianza son claves, por lo cual se explica muy bien el mandato de la UBPD y la JEP, se les acompaña con apoyo de otras entidades como la Unidad para las Víctimas y se trata de que las entregas se den lo antes posible después de establecer la comunicación.
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El recién posesionado presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, resaltó en la estrategia el uso de alternativas como emisoras y otros medios de comunicación locales en los distintos municipios para amplificar la información de los casos, gracias a lo cual han aparecido algunas de las familias. Coincide Valenzuela: “Los medios han estado muy prestos a abrirnos los espacios para tratar de divulgar esta estrategia y me parece que es muy exitosa en términos de los recursos que utiliza, que son mínimos, pero el potencial de respuesta es muy grande”.
Los buenos resultados de la campaña los explican, por ejemplo, en que en poco más de un mes de lanzada ya tiene una tasa de éxito del 35% respecto a las familias encontradas. Esta situación no era del todo esperada, señaló el director, pues tenían referentes de otros lugares del mundo, como Jalisco, México, donde se implementó una estrategia similar, pero tardó mucho más en despegar el contacto efectivo con familiares de los desaparecidos.
Ahora, el llamado es a que si un familiar o allegado reconoce a algunas de las personas publicadas en la plataforma digital de Búsqueda Inversa llene un formulario que hay allí para que las entidades puedan contactarlos. En el caso de Antioquia también pueden comunicarse al número 316 282 3206 o acercarse a la sede de la Unidad de Búsqueda en Medellín, en la carrera 77 # 48-01, sector Estadio. Se garantiza la confidencialidad, y el aporte de información que hagan no será vinculado a ningún proceso judicial. Cualquier ciudadano puede sumarse también compartiendo en redes sociales los perfiles de las víctimas identificadas. Todo cuenta para que sea posible alivianar el dolor de quienes llevan años con la carga de la desaparición forzada.
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