Indignación causó en Medellín, entre sectores políticos y ciudadanos, la suspensión de la audiencia de este lunes 23 de enero en la que se esperaba que la Fiscalía imputara cargos a tres personas por presuntas irregularidades graves en la celebración de contratación de Buen Comienzo, el programa que atiende a la primera infancia y que en la actual administración ha estado rodeada de múltiples quejas y escándalos.
Esta es la segunda vez que se suspende la audiencia de imputación. La primera fue en diciembre pasado y la de hoy se debió a que uno de los investigados alegó que su abogado defensor está incapacitado.
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En concreto, se trata de Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, una de las tres personas a las que se les imputarían cargos. Las otras dos son Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, y Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo.
De acuerdo con la citación a la fallida audiencia de este lunes, que estaba programada de forma virtual para las 6:00 de la mañana, se tenía previsto que se hiciera formulación de imputación y medida de aseguramiento en contra de estas tres personas por su presunta responsabilidad en las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Esta audiencia se daría en el marco de las investigaciones que se adelantan tras denuncias de la Veeduría Todos por Medellín y de concejales como Daniel Duque, por presuntas irregularidades y malos manejos en el programa Buen Comienzo, lo que ha causado bajos resultados en la atención a los niños y niñas.
¿Qué motivó la investigación?
Desde 2020 se vienen conociendo denuncias de veedurías ciudadanas y concejales sobre un posible detrimento patrimonial en un contrato para atender a madres gestantes y niños y niñas de Buen Comienzo, que suscribieron la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, y la Corporación Colombia Avanza, nacida en 2009 en Bello y muy ligada al clan Suárez Mira. Este incluía la entrega de alimentos.
De hecho, por ese contrato entre la administración y la corporación, la Contraloría halló un presunto detrimento patrimonial de $2.000 millones en su auditoría a la Alcaldía de Medellín en 2020. Según el informe de Auditoría Financiera y Gestión del Municipio (hoy Distrito) de la Contraloría de Medellín para ese año, el presupuesto oficial del contrato estaba sobreestimado en el valor de los alimentos que hacían parte de las obligaciones contractuales.
