Hay temor y zozobra en Buriticá, Occidente de Antioquia, luego de que se registrara un atentado que grupos armados ilegales perpetraron, en la madrugada de este viernes 17 de enero, en contra del proyecto minero operado por la multinacional Zijin Continental Gold en esa zona.
De acuerdo con una carta enviada por la Zijin a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a las máximas autoridades departamentales y nacionales, hacia las 2:47 a.m. del viernes, un grupo de mineros ilegales, con uso de explosivos, fracturó el macizo rocoso y conectó sus actividades ilegales a las labores de la empresa, en la mina Higabra. Posteriormente, a las 3:18 a.m., las mismas personas lanzaron una carga explosiva de alto poder desde la nueva conexión, lo que ocasionó que se destruyera una subestación eléctrica.
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Asimismo, desde la multinacional informaron que dicha subestación tiene capacidad de 750 kVa y que es la principal instalación de suministro eléctrico en la mina Higabra. “Tras la destrucción de la subestación eléctrica y las fuentes de energía de respaldo debido a la explosión, toda la producción en las áreas por debajo del nivel 1180, que representan el 90% de la capacidad del proyecto, quedó completamente interrumpida”, informaron en la misiva.
La compañía también expresó su profunda preocupación porque este atentado produjo además una interrupción generalizada en las comunicaciones que se mantenían en el subsuelo por medio de radio, así como afectaciones en los sistemas de ventilación y bombeo, los cuales quedaron totalmente paralizados. Esta última situación provocó una rápida acumulación de gases tóxicos, lo que obligó a que se evacuara de forma inmediata a todo el personal.
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“Además, la situación generó el colapso del sistema de bombeo lo que ocasionó una rápida inundación en las rampas negativas principales, impidiendo el bombeo de agua hacia la superficie, lo cual implica un gran riesgo de seguridad para nuestro personal, infraestructura y medio ambiente”, añadieron desde la Zijin en su comunicación.
La situación es de gravedad, ratificaron desde la compañía, puesto que la zona que fue afectada por el atentado está catalogada como de altísimo riesgo, en tanto que se encuentra a escasos 50 metros del Raiseborer principal del sistema de ventilación de la mina Higabra: “La pérdida de este Raiseborer podría obligarnos a cesar nuestras operaciones, dada la insuficiencia del sistema de extracción de gases generados en el interior de la mina”.
Ante esta situación, la empresa solicitó de manera urgente que se conforme e instale un Puesto de Mando Unificado (PMU), que sea liderado por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el alcalde de Buriticá José Luis Rodríguez.
A las autoridades nacionales también les solicitaron medidas contundentes y rápidas: “Reiteramos nuestra solicitud de intervención urgente por parte de ustedes como autoridades y órganos de control en defensa de la vida e integridad de nuestros empleados, contratistas y colaboradores, así como en pro del futuro y continuidad de nuestra operación, en aras de enfrentar una situación creciente que tiene afectada a la compañía, sus empleados y a miles de familias que dependen del ejercicio de la actividad minera formal, así como la comunidad del municipio de Buriticá, que ya ha tenido que soportar el flagelo de la criminalidad y la pérdida de sus recursos a todo nivel”, anotaron en la carta.
Entre tanto, este sábado 18 de enero, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) emitió un comunicado en el que reiteró la solicitud de acciones urgentes ante la grave amenaza que representan estas acciones violentas para los trabajadores de la mina, pero que a la vez consideran como una forma en la que los grupos armados criminales buscan “desestabilizar las operaciones legales en la región, para favorecer la expansión de bandas criminales y terroristas”.
Desde la Asociación recordaron que este último atentado no es un hecho aislado, en tanto que en menos de un mes se han registrado tres hechos similares en operaciones mineras en diferentes puntos del país, lo que califican como “un patrón de violencia sistemática, para controlar los recursos y perpetuar la ilegalidad en los territorios”.
“Es inaceptable que los grupos ilegales sigan actuando con total impunidad, poniendo en riesgo no solo la vida y la seguridad de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen de la minería legal. Estos ataques no solo buscan despojar al país de sus recursos, sino que también debilitar el orden institucional y la confianza en el
Estado”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
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