Un día después de que unos 500 indígenas de la etnia embera katío se tomaran La Alpujarra, el alcalde Daniel Quintero dijo que la administración pagaría el retorno de estas personas a sus territorios.
“Quiero ser tan claro como sea posible. En Medellín no permitiremos la mendicidad e instrumentalización de menores por parte de Gobernadores Indígenas. Vamos a pagar el transporte de quienes deseen retornar a sus territorios”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter. El problema, sin embargo, es mucho más profundo y no se limita al traslado de estas personas.
Los indígenas, que iban con cerca de 300 niños, venían protestando de manera tranquila hasta que llegaron a La Alpujarra, donde se envalentonaron y entraron a la fuerza rompiendo lo que se les atravesó. En los medios de comunicación, los líderes de la protesta señalaron que necesitan que los dejen trabajar y mendigar y que, mientras se hace un traslado con todas las garantías, puedan continuar trabajando en las calles.
Quintero, por su parte, les había dicho que no cedería ante la presión y que no permitiría la mendicidad con menores de edad. Esta situación, sin embargo, no es nueva. La Personería de Medellín ha advertido en varias ocasiones sobre el asunto, sin que hubiera soluciones de fondo.
El problema de fondo es que estas comunidades llegan desplazadas del Chocó, principalmente, pero también de algunos resguardos de Risaralda y Antioquia, y llegan a la ciudad con un precario dominio del español y sin recursos. Entonces alquilan piezas en Niquitao, en inquilinatos estrechos, y salen a las calles en busca de ayuda.
La Personería ha señalado que hay fechas en las que se incrementa el flujo de estas personas hacia la ciudad, como en diciembre. Hace dos semanas hubo un enfrentamiento entre policías e indígenas en medio de un operativo.
Después de la entrada violenta a La Alpujarra, hubo una negociación entre los embera y la Alcaldía. Los indígenas fueron trasladados al coliseo Carlos Mauro Hoyos, donde esperan una solución definitiva a su situación. Piden que no sea solo un retorno, sino que se les den garantías para el restablecimiento de sus derechos.
