Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón dijo el día de su posesión que llegaba al poder “en un momento difícil para la Patria” y le dijo al gobierno central que si no quería ayudar a Antioquia, por lo menos la dejaran hacer, porque, según él, desde Bogotá “ni rajan ni prestan el hacha”.
Las declaraciones de los mandatarios tienen que ver, por supuesto, con las grandes diferencias ideológicas y políticas que tienen con el presidente Petro, pero también con algunas decisiones que se han tomado desde Bogotá que dan para pensar que hay algún tipo de retaliación con Antioquia.
La que es quizás la más trascendental de esas decisiones es la que tiene que ver con las autopistas 4G que faltan por entregarse en el departamento, cuyos recursos vienen desde la capital.
En septiembre del año pasado, todavía a un mes de las pasadas elecciones regionales, el ministro William Camargo aseguró que la nación no tenía la plata para terminar las autopistas 4G en el departamento que ya están terminadas en un 93%. Los tramos restantes tienen un valor que oscila entre los 1.2 y 1.5 billones de pesos.
Si quiere saber más: Gobierno Nacional dice que no hay plata para terminar puntos faltantes en vías 4G en Antioquia
La excusa del ministro para no destinar los recursos al departamento es que ya en Antioquia se concentran grandes inversiones en infraestructura, mientras que hay otros departamentos con menos recursos de la nación en los cuales, por cuestiones de equidad, debería invertirse más.
Incluso, hace algunas semanas surgieron versiones según las cuales el presidente Petro habría regañado en medio de un consejo de ministros a Camargo por sugerir mayor inversión en Antioquia, razón por la cual lo había acusado de “parecer uribista”. Luego, Camargo dijo que eso no correspondía con la realidad y que lo habían sacado de contexto, pero no dijo que fue exactamente lo que el presidente le dijo.
Cuando el ahora exalcalde de La Ceja, Nelson Carmona, le pidió al director del Sena los $50.000 millones que necesita para terminar la que sería la sede más grande de esta entidad en el oriente antioqueño, este le respondió que la entidad estaba priorizando proyectos en otras regiones diferentes a Antioquia. Ahora, la construcción de la sede, que beneficiaría a 1.000 jóvenes de la región, lleva más de seis meses parada por falta de recursos y va camino a convertirse en un elefante blanco.
El más reciente baldado de agua fría que desde la Presidencia le mandaron a los antioqueños fue quitarle el título que Antioquia tenía desde el 2001 como delegación minera, una decisión que fue duramente criticada por políticos de diferentes sectores que iban desde el exgobernador Aníbal Gaviria hasta el expresidente Iván Duque. Por supuesto, Rendón y Gutiérrez también rechazaron esta decisión que le quita autonomía al departamento cuyas rentas más grandes vienen precisamente de la exploración minera.
El argumento que dio el presidente Petro para tomar la decisión fue que, bajo la lupa de su gobierno, “la minería en Antioquia ha quedado en buena parte dominada por grupos armados y, por otra parte, se ha extendido a zonas de tierras fértiles y alta sensibilidad ambiental”.
Si a esto se le suma la intervención de la Superintendencia de Salud a Savia Salud, la EPS más grande del régimen subsidiado en Antioquia, con 1.6 millones de afiliados en 124 municipios, y la intervención de la Supersubsidio a Comfenalco, la segunda caja de compensación más grande del departamento, el resultado es que muchos piensen que efectivamente desde Bogotá se le está dando garrote a Medellín y a Antioquia de manera exagerada y algunas veces injustificada.
Sin embargo, hay un sector político en Antioquia, el que es más cercano al gobierno del presidente Petro, que asegura que, por el contrario, desde Bogotá se le ha dado un buen trato a los paisas.
Incluso el mismo presidente Petro le ha salido al paso a quienes dicen que está castigando a Antioquia y escribió en su cuenta de X que “en una mente democrática y progresista no está la palabra castigo. El castigo como la venganza están en mentes retrógradas”.
Uno de ellos es el representante a la cámara del Pacto Histórico Alejandro Toro. Según Toro, “Antioquia tiene un presidente de todos al que no le cabe en su corazón la palabra venganza”. Como prueba de esto, el congresista asegura que el presidente solicitó un presupuesto histórico de $98 billones para Antioquia. Además, afirma que el artículo de la reforma tributaria que subió los aranceles a la importación de confecciones a un 40% tenía como objetivo proteger el sector textil y “reindustrializar Medellín”.
Pero Toro no explica de dónde salen los supuestos 98 billones, pues el presupuesto total de inversión de la nación para este 2024 es de $99,3 billones, de los cuales a Antioquia le tocan $8,8 billones, siendo este el departamento con más recursos si se tiene en cuenta la cifra global. Sin embargo, si se mira el indicador de inversión per cápita, es decir, por cantidad de habitantes, a cada antioqueño le corresponden $1.3 millones, mientras que el monto de inversión per cápita para San Andrés quedó en 7.8 millones, para Vaupés en $5.1, La Guajira en $2.9.
Lo que sí es cierto es que Petro aumentó considerablemente el porcentaje de recursos de inversión para Antioquia. Aunque el presupuesto nacional de inversión aumentó un 19.4% del 2023 al 2024, el presupuesto para Antioquia aumentó un 43.08%, pasando de $6.15 billones a $8.8
Sobre el tema de los aranceles a la confección, hay que decir que antes de la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro, los productos con un valor igual o menor a los $10 dólares por kilogramo bruto ya pagaban 40% de aranceles. La tasa se subió para los productos con un valor por encima de los $10 dólares por kilogramo bruto que antes solo tenían un arancel del 15%.
Según Toro, en el plan plurianual de inversiones del gobierno nacional también quedaron presupuestadas cinco líneas de metro cable para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Sin embargo, en dicho plan solo se hace mención a la “construcción de nuevas líneas de cable aéreo en el Valle de Aburrá”, pero no dice cuántas.
Además, de acuerdo al plan maestro del Metro, estos Metrocables no tienen la prioridad que tienen otros proyectos de mayor urgencia para la región, como el tren del río, que también es una de las prioridades para el nuevo gobernador Andrés Julián Rendón. De ese proyecto, que costará unos $7 billones, la nación deberá aportar el 70%.
Entérese: Seis meses más deberá esperar el Tren del Río para ser presentado al Gobierno Nacional
Asimismo, Toro destacó que durante la administración de Gustavo Petro se volvió a poner en marcha el proyecto del Puerto Pisisí en Urabá, que consiguió la concesión de la ANI en noviembre del año pasado. Si bien esto es cierto, el proyecto no estaba frenado por el ejecutivo, sino por una decisión judicial, pues el fallo de una jueza sobre un proceso de restitución de las tierras donde se llevará a cabo el proyecto se tardó casi tres años.
Finalmente, el congresista antioqueño resaltó que también con el visto bueno de Petro, el pasado 13 de diciembre la aeronáutica civil adjudicó el contrato de más de $10.000 millones para que se hagan los estudios de prefactibilidad para definir la viabilidad de construir la segunda pista en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro y el posible traslado del Olaya Herrera de Medellín.
