El proceso de actualización catastral adelantado por la Alcaldía de Medellín, el cual se verá reflejado en la factura del impuesto predial a partir de enero, generó la primera crítica pública del alcalde electo Daniel Quintero a la administración saliente.
La administración de Federico Gutiérrez emitió la resolución 003 de mayo de 2019 mediante la cual inició el proceso de actualización catastral para la renovación de los aspectos físicos, jurídicos y económicos de los predios ubicados en toda su zona urbana y en sus cinco corregimientos.
Esto, explicó, se da en cumplimiento del requerimiento realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ente encargado de dicha actualización en el país.
El catastro es un censo de todos los predios que hay en el Municipio de Medellín, urbano o rural, con todas sus características como el área, la localización y el valor, contenidos en la norma. La ciudad cuenta con 1.036.000 predios, entre urbanos y rurales, de estos el 70 % corresponde a residenciales.
Los cambios más significativos se darán en las áreas construidas y en los que hicieron solicitud de cambio de destinación, por ejemplo de casa a bodega o lotes que ahora presentan construcción.
“El promedio (de incremento) al que le apostamos durante estas semanas de trabajo que faltan es que sea cercano al 12 % para que el impacto sea el menor posible. En años anteriores, los incrementos fueron superiores al 30 %”, explicó Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial.
Quintero pidió reversar el cobro
En su cuenta de Twitter, el alcalde electo Daniel Quintero Calle dijo que le “preocupan aspectos de la actualización catastral para el próximo año anunciada por la Alcaldía de Federico Gutiérrez en rueda de prensa”. Y añadió que “la gente no entiende como se bajan impuestos a empresarios en reforma tributaria, mientras le suben impuestos a la gente”.
Luego publicó una carta en la que le solicitó a Gutiérrez revertir la actualización antes del 31 de diciembre, “fecha a partir de la cual las decisiones serán irreversibles”.
Añadió que si bien estas decisiones se ajustan al marco legal vigente, están dentro de sus competencias y mejoran los ingresos de la alcaldía, “no reconocen la difícil situación económica de millones de ciudadanos, los altos niveles de desigualdad y los índices de desempleo”.
