El presidente Juan Manuel Santos no permitirá que se mancille el buen nombre de las Fuerzas Militares. Así lo hizo saber en el acto de reconocimiento de las tropas, un día después de que la Ong Human Right Watch (HRW) denunciara que varios de los altos mandos están involucrados en ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2006.
“Ellos están preocupados por su buen nombre y es apenas lógico. Ellos le solicitaron a la Fiscalía y la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en su contra”, dijo Santos.
En su alocución, el Jefe de Estado colombiano indicó que señalar a los que dan la vida por el bien de los colombianos no es la mejor forma de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el país.
En esta misma ceremonia, el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó un apoyo total a los generales que serían llamados a declarar ofreciéndoles una buena defensa, además, insistió en que algunos militares y policías le deberán al país en materia de justicia, pero Colombia les debe más a los integrantes de la Fuerza Pública.
“Colombia lleva mucho tiempo sin poder ser acusada de violadora de derechos humanos”, enfatizó Villegas, razón por la cual le restó credibilidad al informe de HRW
Hay tranquilidad y rechazo
En las filas del Ejército también hay muestras de tranquilidad. Uno de los militares implicados, el general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, manifestó estar tranquilo ante las acusaciones, sin embargo, pidió respeto por el buen nombre —sobre todo el suyo—, y más cuando se ha corroborado con la Fiscalía y la Procuraduría que no hay investigaciones en su contra.
Así mismo, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, cuestionó el informe de HRW y precisó que “hay muchos cuestionamientos a las conclusiones a que llega esa entidad, primero porque es conocido su sesgo; segundo por la ligereza de sus apreciaciones, y tercero por la agendas que se le conocen y desde luego eso pone un manto de duda a sus conclusiones”, señaló.
Acusaciones no son nuevas
El tema de las ejecuciones extrajudiciales por miembros de la Fuerza Pública no es nuevo. Hace más de 10 años, diferentes asociaciones le han reclamado al Estado colombiano por sus crímenes cometidos.
Uno de los casos más representativos es el de las “madres de Soacha, una ejecución extrajudicial que se remonta al 2008, cuando integrantes del Ejército asesinaron a 17 jóvenes y los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Por este caso fue destituido el general Mario Montoya y 27 militares más.
Con este caso, explica el abogado Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, en Colombia comenzaron a conocerse las atrocidades cometidas por algunos integrantes de las Fuerzas del Estado.
“Se conoció que por reclamar días de descanso, recompensas o bonificaciones en dinero, distintos batallones promovieron las ejecuciones extrajudiciales. Actualmente hay más de 4.000 integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Militares procesados por falsos positivos”. Agrega Arboleda que no se pueden tomar las ejecuciones extrajudiciales como casos aislados, “y no se puede decir que hubo desconocimiento de la comandancia del Ejército nacional”.
En esa vía, y con el fin de establecer responsabilidades, el informe de HRW serviría como base para entablar investigaciones, afirma el investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis. Dice que “la justicia sigue en déficit con estos temas y es necesario que se conozca la verdad”.
Establecer esas responsabilidades de mando será un tema de la justicia colombiana, asunto que el nuevo mindefensa, Luis Carlos Villegas, dejó en manos de las autoridades, a quienes les pidió celeridad en las investigaciones.
