La consulta anticorrupción que se votará este domingo 26 de agosto no ha estado libre de las cadenas virales e información falsa. Como sucede cada vez que los colombianos acuden a las urnas, las redes sociales han sido el escenario para difundir rumores, que no necesariamente corresponden a la realidad.
EL COLOMBIANO se dio a la tarea de buscar algunos de lo datos falsos que han sido divulgados en internet, para someterlos a verificación. A continuación, haga clic en cada uno de los rumores para conocer el veredicto.
Mitos: las verdades y mentiras sobre la consulta
Sí, la consulta es costosa. Vale 30.000 millones más que lo que costó el plebiscito por la paz y 270 mil millones más que lo que implicó la realización de la consulta con la que el Partido Liberal definió su candidato para las elecciones presidenciales de 2018.
¿Por qué tan cara? Como lo ha explicado la Registraduría Nacional, esta cita democrática requiere esfuerzos más complejos que otras votaciones. En este caso son siete preguntas, a diferencia de otras consultas en las que los colombianos son preguntados por un asunto o dos.
También habría que considerar que, una vez implementados los cambios que promueve la Consulta, estos implicarían un ahorro, según los promotores, de 213.000 millones de pesos al año solo con el recorte de los salarios. Además, la aprobación de los demás puntos podría significar un ahorro de entre 40 y 50 billones que, según estimaciones del comité, le cuesta la corrupción al país cada año.
El gobierno del presidente Iván Duque presentó tres proyectos de Ley que coinciden con tres de las siete propuestas por las que se pregunta en la consulta: la número 7, 2 y 6.
Estas proponen la restricción a máximo tres periodos para miembros del Senado, la Cámara, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales; evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública reciban beneficios de reclusión especial y permitirle al Estado poner fin a los contratos con estos, sin indemnización; así como exigir que los funcionarios elegidos por voto popular presenten sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, además de permitir investigaciones penales y aplicar extinción de dominio cuando sea necesario.
Las iniciativas presentadas por el Gobierno no incluyen, por ejemplo, la reducción de los salarios de congresistas y altos funcionarios, uno de los puntos clave y más polémicos de la Consulta.
Si bien Claudia López y Antonio Navarro Wolff han sonado en la baraja de posibles candidatos para suceder a Enrique Peñalosa, la consulta anticorrupción no tiene nada que ver con esa intención.
López, por ejemplo, no ha confirmado querer aspirar. Navarro, por su parte, lo hizo en diciembre de 2017, cinco meses después de que fueran entregadas a la Registraduría las firmas con las que se habilitó la realización de la consulta.
La pregunta número uno que deberá responder si acude a las urnas este domingo tiene que ver con la propuesta de reducir los salarios de congresistas y altos funcionarios del Estado, de 40 a un tope máximo de 25 salarios mínimos.
Según han explicado los promotores, la propuesta no implica que empleados de la rama judicial, empleados públicos, soldados o policías vean disminuida su remuneración mensual; ni implica que el salario mínimo se disminuya para todos los trabajadores colombianos.
De ser implementado, este punto de la consulta sólo afectará a 395 funcionarios de la cúpula del Estado, es decir, senadores, magistrados, ministros, generales de las Fuerzas Militares, entre otros.
Quienes más variaciones verían en su remuneración serían los congresistas, pues, según explicó exsenadora en conversación con el portal Colombia.com, estos pasarán de ganar 31 millones mensuales a 20.
Algunos de los opositores aseguran que, con la reducción de los salarios de los altos funcionarios, se afectaría la escala salarial de todos los empleados del Estado. Esto, porque los salarios de los empleados públicos se tasan con un referente porcentual, con base en el salario del superior jerárquico.
Ante esto, la exsenadora López, citada por el diario El Universal, indicó que “nosotros vamos a proponer una ley que diga que, a estos 395 altos funcionarios del Estado, regúlelos así, y desvincule el salario de los demás del monto que tenga la cúpula”. Es decir, la idea es que la remuneración de los “empleados rasos” no esté calculada con base en la de los superiores.
A diferencia de las elecciones a cargos populares, en una consulta popular no hay cabida para la reposición de votos. El Estado no financia a quienes lideran la campaña, son ellos y sus movimientos los que asumen los gastos.
“Los promotores no van a recibir un centavo por este proceso electoral”, explicó al respecto el registrador Juan Carlos Galindo, en conversación con Rcn Radio.
El último punto de la consulta propone limitar a máximo tres periodos la permanencia de un funcionario en una corporación de elección popular, y aunque esto afectaría al senador Álvaro Uribe en el caso de que él estuviera interesado en ser parte del Congreso por más de 12 años, no se refiere a su caso puntual.
De acuerdo con los promotores, la intención de esta propuesta no es excluir a un determinado senador o movimiento, sino promover la renovación en la política.
Incluso, uno de los proyectos propuestos por el gobierno de Iván Duque coincide con este punto de la consulta, como se explicó en el mito número 3.
