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Varias figuras políticas cercanas al Pacto Histórico, como Ernesto Samper, Gustavo Bolívar y Clara López, en la antesala del fraude del pasado domingo, recitaron como en una letanía que el sistema electoral venezolano era uno de los más “confiables del mundo”. Meses antes, el mismo presidente Petro había declarado que el sistema electoral de Colombia era peor que el de Venezuela. ¿Cómo es posible que a tantos se les hayan ido las luces de semejante manera?
Por un momento, tratemos de darles el beneficio de la duda: viéndolo de manera aislada, en abstracto, el proceso mediante el cual los venezolanos depositan sus votos es uno de los más “confiables”. Votan electrónicamente y luego reciben una boleta física que pueden validar antes de depositarla en una urna. El contenido de esta puede ser verificado mediante un conteo manual al final de la jornada, utilizando el acta única e inimitable que emite cada máquina de votación con el total de los votos recibidos. En teoría, es un sistema extremadamente difícil de manipular.
Sin embargo, los sagaces analistas políticos independientes que avalaron el sistema electoral venezolano no consideraron un elemento crucial: ¿qué ocurre cuando estas actas abandonan la mesa de votación?
Es aquí donde el sistema deja de ser “confiable” y permite lo que el mundo vio el pasado domingo: “la madre de todos los fraudes electorales”, en palabras de Andrés Oppenheimer.
Como lo señaló la OEA, resultados con información rastreable como encuestas previas, encuestas de salida independientes, conteo rápido y muestreos aleatorios de actas digitalizadas por la oposición, coincidieron con una victoria de Edmundo González sobre Maduro con más del 30%. Así, es evidente que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrática”, según lo indicó el Centro Carter, una de las pocas misiones de observación a las que se les permitió la entrada.
El quiebre, entonces, no se dio en cómo se vota, sino en los procesos anteriores y posteriores donde, por fortuna, nuestro sistema electoral está más blindado que el de Venezuela.
Los problemas comienzan con el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo completamente instrumentalizado por el chavismo. Elvis Amoroso, su presidente, es un subordinado de Maduro y no lo oculta. Se impidió el voto de millones de venezolanos que emigraron, se inhabilitó arbitrariamente a María Corina Machado y su sucesora Corina Yonis, y se declaró victorioso a Maduro sin respaldo.
En Colombia contamos con la fortuna de que el Registrador Nacional sea seleccionado por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado mediante un concurso de méritos. Es esencial que esta independencia de la Registraduría frente al Ejecutivo se mantenga.
Por otro lado, en las elecciones de Venezuela, el ganador se anuncia en un único boletín varias horas después del cierre de las urnas, una vez que la tendencia es irreversible. No hay manera de que el país audite cómo evoluciona paulatinamente la elección. Si a esto se le suma que, como ocurrió el domingo, se impidió que los testigos electorales de la oposición ingresaran a la sala donde se totalizaban los votos de todo el país, se crea el ambiente perfecto para un fraude de la magnitud del que se presenció.
Todo muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Colombia, donde con la información del preconteo no solo podemos ver en tiempo real cómo se van reportando las mesas de votación en distintos lugares del país, sino que rápidamente se conoce quién es el ganador. Nos hemos malacostumbrado a que, en menos de una hora, se sabe el resultado.
Sin embargo, más importante en Colombia que el preconteo es la confianza en nuestro proceso de escrutinio, donde oficialmente se contabilizan los votos. Jueces, notarios, registradores y testigos validan los votos en un proceso transparente, con la posibilidad de un recuento cuando es necesario.
Aunque en el preconteo pueda haber errores, el voto físico es más difícil de manipular. El monitoreo abierto por diversos actores hace poco probable un fraude masivo una vez se llega al escrutinio.
Sin embargo, la diferencia más grande entre nuestro sistema electoral y el de Venezuela radica en un aspecto que va más allá de las minucias operativas. ¿A quién pueden acudir los venezolanos para denunciar el robo que acaban de sufrir? ¿Al CNE controlado por Maduro? ¿A la rama judicial o a las Fuerzas Armadas que controla Maduro? La degradación del estado de derecho en Venezuela deja a sus ciudadanos indefensos ante la voluntad de un tirano.
Por eso, la mejor defensa para evitar que ocurra lo mismo en Colombia reside en preservar lo fundamental de nuestras instituciones democráticas: la separación de poderes, la legitimidad de nuestra rama judicial, un sistema de pesos y contrapesos en el Congreso, y unas Fuerzas Armadas sólidas y dispuestas a defender la Constitución en caso de que alguien, como Maduro, busque quebrar el orden democrático del país.