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Hay profusión de columnas, manifiestos, trinos, discursos e intervenciones parlamentarias durante las últimas semanas que apuntan a un juicio discutible y cuestionable: que el país está en manos de un régimen autoritario -algunos llegan a hablar de cuasi dictatorial-, en el que los derechos y garantías ciudadanas están prácticamente canceladas.
Varios de quienes sostienen tal aseveración, que repiten una y otra vez en diversas plataformas con el objetivo inocultable de crear un clima de opinión dentro y fuera del país, sostienen que el Gobierno se vale de la fuerza pública para reprimir con ferocidad las manifestaciones de discrepancia política y para acallar las movilizaciones de protesta.
Se sirven, por supuesto, de hechos como los derivados de abuso de la fuerza en Bogotá, con un ciudadano muerto en hechos cuya investigación avanza y en los inmediatamente posteriores, cuando una decena de personas murieron por disparos en distintas manifestaciones.
También aducen la “concentración de poder” que el presidente Duque exhibe, al tener bajo su órbita a los entes de control, y la confrontación con otras ramas del poder público, en particular con la judicial, a la cual consideran atacada por el Ejecutivo.
Lo primero que hay que advertir es que algunos de los que reiteran un día sí y otro también lo del régimen autoritario que se “apoderó” de Colombia sostienen en sus mismas plataformas elogios y constantes comparaciones en las que ponderan las políticas públicas de dictaduras como la cubana, cuyas recetas, dicen, deberían ser modelo para Colombia. También callan una y otra vez sobre la feroz represión que, esa sí, se cierne sobre las fuerzas opositoras democráticas de la vecina Venezuela.
Extraña también la impugnación según la cual el presidente “hizo elegir” a una procuradora General de su cuerda, a un defensor del Pueblo adepto y a un fiscal General de su círculo de amistades.
Aparte de los calificativos endilgados según el gusto de cada crítico y del sector ideológico que formule la impugnación, lo cierto es que para esos nombramientos y designaciones el presidente Iván Duque se ciñó a las normas y procedimientos constitucionales. Las ternas para fiscal y defensor del Pueblo las hace el Presidente, según dispone desde 1991 la Constitución vigente. Todos los presidentes desde esa época han ternado funcionarios con los que se identifican. Si eso es positivo o negativo es una interesante discusión, paralela, de ingeniería constitucional. En la elección de procuradora, la hizo el Senado por amplia mayoría -más que la de los votos del partido de Gobierno-, de una terna en la cual la Corte Suprema y el Consejo de Estado propusieron cada una su propio candidato.
Así que atribuir al Presidente concentración de poderes por decisiones en las cuales participa, privativa o concurrentemente, el Congreso, no tiene mayor asidero. Y menos si se hace una mirada histórica al pasado reciente, en el que, por ejemplo, por iniciativa del Ejecutivo se modificaron las reglas para aprobar plebiscitos, o se recortaron trámites legislativos y debates para expedir leyes exprés: ¿no era eso desbordamiento del poder presidencial?
Finalmente, cabría una reflexión, a modo de pregunta, sobre si querer imponer agendas, programas y políticas diametralmente opuestas a las convalidadas por las mayorías electorales en las elecciones de junio de 2018 es más democrático que buscar su propia refrendación en las siguientes elecciones. Las políticas adelantadas por el actual gobierno corresponden, en síntesis, a lo que prometió en su campaña y que esa mayoría decidió poner en ejecución con su libre voto en las urnas.