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Como docentes universitarios, rechazamos la deriva autoritaria y antidemocrática que está tomando el gobierno actual. Este rechazo está especialmente motivado por los hechos sin precedentes de abuso de poder y desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los agentes y cuerpos de seguridad del Estado en el último año. En la medida en que nuestra actividad científica, docente e investigativa gira en torno o se ve atravesada por fenómenos y prácticas políticas, guardar silencio ante una situación tan crítica como la que atravesamos hoy en Colombia, sería intelectualmente deshonesto e iría en contravía de nuestra vocación. (...) Hechos como los acaecidos son gravísimos, ilegales, inconstitucionales, inaceptables y repudiables.
(...) Si queremos construir un Estado fuerte con capacidad de garantizar el imperio de la ley y aspiramos a promover un régimen político realmente democrático, no procede reducir el malestar social a supuestas infiltraciones de la guerrilla, el vandalismo o, menos aun, a agendas partidistas. La coyuntura actual tiene dimensiones históricas, por lo que es urgente modificar la doctrina y la estructura organizativa de la Policía Nacional para que opere dentro del Derecho y responda a las necesidades civiles y democráticas de un país que está luchando por construir paz.