Pico y Placa Medellín
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Cualquier peso que se malgaste de la plata pública nos tiene que doler a todos porque, al fin y al cabo, es el dinero que aportamos con el pago de impuestos para que la ciudad y el país puedan funcionar mejor.
Por eso, pensar que en los últimos cuatro años una buena tajada de los $1,2 billones del Presupuesto Participativo pudo haber ido a parar a manos de funcionarios y particulares que hicieron parte de una suerte de carrusel de contratación del Presupuesto Participativo de Medellín debería causarnos indignación.
El tamaño de la bolsa es de tal magnitud que con esa plata se podría cubrir el fondo de la famosa “vaca” que está adelantando el gobierno de Antioquia para culminar las obras de las 4G y el Túnel del Toyo. No se trata de que todo ese presupuesto fue malversado, ni mucho menos, pero lo cierto es que en la investigación que publicamos este lunes, titulada “El desagüe del presupuesto participativo en Medellín”, se evidencia un modus operandi que se aplicó no en un solo barrio en particular sino que pudo tener un alcance mayor toda vez que se habría orquestado desde la misma Secretaría de Participación.
Lo de la “vaca” es solo una analogía para dimensionar lo que ocurrió con los recursos que por ley son destinados al desarrollo comunitario y priorizados por las comunidades, en un ejercicio que se viene haciendo desde hace dos décadas y, hay que decirlo, no siempre con los mejores resultados.
En la investigación revelamos cómo desde la administración de Daniel Quintero se fue tejiendo un entramado para direccionar ese 5% del total del presupuesto que tiene Medellín, a través de una maquinaria bien aceitada, de la que hacían parte funcionarios de confianza del gobierno local que señalaban a dedo a cuáles empresas contratar.
Hay indicios de que este modus operandi se intensificó entre 2022 y 2023 coincidiendo, justamente, con las campañas a cargos públicos.
Al destapar esta olla medio podrida se evidenció que se utilizaron unos códigos para asignar los recursos a dedo a unos contratistas que, a su vez, armaron un conglomerado familiar para contratar desde diferentes frentes a expensas del presupuesto de las comunas. Este conglomerado es liderado por Alexis Castrillón, un hombre que saltó de ser ayudante de restaurante en la Minorista a mostrarse con lujosos relojes, camionetas de alta gama y vacaciones a todo dar en Europa.
Desde la alcaldía de Daniel Quintero crearon una “Mesa estratégica de eventos del Distrito”, en la que los entonces secretarios Juan Pablo Ramírez, Juan José Aux, Karen Bibiana Delgado y Óscar Hurtado tiraban línea para entregar los recursos. El año pasado, por ejemplo, decidieron la suerte de $25.918 millones, de los cuales casi $23.000 millones fueron a parar a las empresas “bendecidas” por la administración.
De esa olla comunitaria comieron muchos: las 18 empresas del “conglomerado familiar de Castrillón” (que tenía a su esposa, hijos, suegro y cuñados como representantes de varias de ellas) y se investiga si también los que financiaron sus campañas con eventos proselitistas disfrazados de festivales, bazares y sancochos comunitarios.
Lo que sí es claro es que esos $1,2 billones que tuvo el gobierno de Quintero para impulsar los proyectos de desarrollo en las 16 comunas y cinco corregimientos en Medellín no se ven en ningún programa u obra de gran impacto.
En el pasado de esos dineros se financiaron y priorizaron obras que están ahí para el servicio de todos como el metrocable de Palmitas, el coliseo multipropósito del barrio Florencia, la piscina de Santa Lucía, el colegio Santa Catalina, o el apoyo a miles de jóvenes a través de becas para la formación superior.
En cambio, en los pasados cuatro años, buena parte se convirtió en plata para gastar en chaquetas de medio millón de pesos cada una o maletines de más de 800.000 pesos para los “líderes”; en paseos de turismo a diferentes zonas del país y en general en eventos, muchos de ellos pequeños, que terminan costando hasta cinco veces más de lo normal.
Se trata, como en la ciudad o como en el país, de utilizar esos recursos para resolver las necesidades de la gente, no para darles lujos de ‘reyezuelos’ a los que están de turno en el poder.
La actual administración ha dicho que tomará medidas como que la priorización de los recursos parta de las mismas conversaciones que precedieron la discusión del plan de desarrollo. También prometió que la información será manejada con datos abiertos, que todos sepamos en qué se está invirtiendo y cómo va la ejecución; y motivar una mayor participación durante las votaciones de los proyectos elegibles, que deberían pasar primero por una revisión técnica de la administración para asegurar su viabilidad y pertinencia.
Ojalá las medidas sean de verdad efectivas para evitar que se vayan por el desagüe recursos tan valiosos de la ciudad. Ya la Personería abrió investigación, esperamos que las autoridades y organismos de control actúen rápida y eficazmente de manera que las investigaciones concluyan con el castigo que corresponda a los responsables. .