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En mayo de este año, los gobernadores de todo el país se reunieron en Rionegro (Antioquia) y lanzaron un grito desesperado: pidieron una Colombia Federal.
Algunos, como el gobernador de Magdalena Carlos Caicedo, fueron más lejos y pidieron convocar una Asamblea Constituyente para hacer de una vez la reforma. El gobernador saliente de Antioquia Aníbal Gaviria ha venido insistiendo en que “lo malo es el centralismo asfixiante y paquidérmico”. Y el gobernador entrante, Andrés Julián Rendón, desde campaña y en las últimas horas, ha insistido en la necesidad de hacer un referendo para dar autonomía fiscal a los departamentos.
El tema cobra especial interés en esta coyuntura cuando se ha despertado una ola de indignación en Antioquia por el hecho de que el Gobierno Nacional le quitó la delegación minera al departamento, gracias a la cual Antioquia podía tomar decisiones autónomas en la materia desde hace más de 20 años, teniendo en cuenta las condiciones de la región y su propio plan de desarrollo.
Quitarle la autonomía minera a Antioquia, más allá del debate de si se quiere minería o no, es un tremendo golpe a la descentralización (otro) que, cabe recordar, es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de 1991.
Lo que está ocurriendo con el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro con Antioquia ya es preocupante. Y, también hay que decirlo, con otros gobiernos antes que el suyo. Tal vez otras regiones puedan estar sintiéndolo de la misma manera pero nos referimos en particular a nuestro departamento porque la racha de decisiones de 2023 llegan a un nivel que raya con lo absurdo.
A la más reciente cancelación de la delegación minera, se han sumado durante el año otras medidas del Gobierno de Gustavo Petro que han caído mal en el departamento, porque o no tienen explicación clara o porque más que ayudar terminan perjudicando el progreso. Entre ellas están, la intervención de la EPS Savia Salud, la intervención de la Caja de Compensación Comfenalco y la negativa de aportar los recursos que faltan para concluir las vías 4G.
En el caso minero, por ejemplo, Antioquia ha demostrado con la autonomía que pudo avanzar más que otras regiones en un aspecto crítico como es el de la informalidad que suele traer tantos problemas consigo: Antioquia ha formalizado el 25,9% de las explotaciones mineras y entregado el 22% de los títulos vigentes en el país.
En el caso de las vías 4G, faltan recursos del Gobierno Nacional por cerca de 2 billones de pesos para que pueda operar el Túnel del Toyo, es decir, para que la nueva vía al Mar sea una realidad, y también para resolver los tres baches que quedaron en las vías del Pacífico. El Gobierno ha dicho que plata no hay. Pero ojalá alguien le pueda decir al Presidente que estas son vías que conectan a todo el país, a través de vías de alta velocidad, con el Pacífico y con el Caribe.
Antioquia le ha pedido al gobierno nacional (al de Petro y al de Duque) que le entregue la construcción de esas vías y que le permita utilizar la plusvalía y la valorización para financiarlas, pero hasta ahora no han dado respuesta. Como decía el gobernador saliente Aníbal Gaviria, el problema es que el centralismo es altamente ineficiente y eso no depende de un gobierno o de otro: en el caso del Túnel del Toyo, mientras los técnicos de la Gobernación de Antioquia vivían en la obra, y el Gobernador hizo al menos 30 visitas para supervisar el avance, los del Gobierno Nacional han estado 1 o 2 veces en terreno.
La intervención de Savia Salud es tal vez el peor ejemplo del centralismo. Nadie entendió muy bien por qué el gobierno nacional decidió intervenirla, toda vez que las cifras mostraban que la operación rescate que lanzaron varias entidades de Antioquia estaba dando frutos. Cuando la EPS entró en observación de la Superintendencia cumplía solo 7 de 19 indicadores, gracias al trabajo para recuperarla llegó a cumplir 14 de los indicadores y en ese momento la SuperSalud aterrizó. Lo más paradójico es que después de que Bogotá la intervino, la EPS ya solo cumple 10 de los indicadores.
La intervención de Comfenalco, la segunda caja de compensación del departamento y que funciona bien, también fue calificada como “desproporcionada, excesiva y además ilegal”. En fin.
Así como los gobernadores lo pidieron en mayo “Colombia federal, Colombia unida”, el país todo debería comenzar a diseñar un modelo de gobierno que nos sirva para no seguir desperdiciando tiempo y recursos con un sistema centralista que llega a ser inoperante.
Colombia ya probó ese sistema. Hace 160 años, en 1863, en Rionegro, se firmó la Constitución que en ese entonces dio vida a nueve estados soberanos: Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca. La misma que el escritor francés Víctor Hugo calificó como una Constitución para Ángeles. Y parecida a la que Estados Unidos instauró entonces y que hoy lo rige con más éxitos que fracasos.
Pero, lamentablemente, en nuestro país ese sistema federal sólo tuvo vigencia 23 años. Colombia ya ha aprendido bastante y sin duda tiene la necesidad, la experiencia y las herramientas para formular y poner en práctica un mejor sistema de gobierno que ese centralismo paquidérmico y asfixiante. Hay que comenzar a dar el debate.