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Hace cuatro años, varios gobiernos de América Latina soñaban con saltarse el sistema financiero tradicional recurriendo a las novedosas criptomonedas. Parecían ser la solución perfecta para aliviar muchas carencias generadas por la inflación crónica. Hoy, sin embargo, parecen haber retrocedido en sus intenciones y lo que en su día parecía la panacea, ahora se mira con cierto recelo.
El primero en dar el salto mortal fue el presidente de El Salvador Nayib Bukele. En 2021 tomó la drástica decisión de convertir el Bitcoin en moneda de curso legal generando toda una expectativa mundial. Los titulares de medios en todo el mundo hacían eco de esta noticia y los más fervientes seguidores del novedoso sector recibían con entusiasmo la información. Mientras tanto, diversos organismos internacionales encendían las alertas frente a un experimento que parecía ir a su aire.
Pasados tres años, el asunto se fue desinflando en El Salvador. Ya no es obligatorio aceptar pagos en esa moneda como lo fue en un principio. Y aunque la ley que le dio vida sigue vigente, todas las exigencias se han suavizado. Entre otras porque las prioridades actuales de Bukele son la seguridad, el crecimiento económico y la reelección presidencial.
Otro caso llamativo ha sido el de Argentina. El país austral es uno de los que con mayor alegría adoptó el intercambio de criptomonedas entre particulares, y el ascenso al poder de Javier Milei en 2023 parecía ser el anuncio de una revolución monetaria. Milei había criticado con mucha dureza al Banco Central, mientras que defendía con fervor el Bitcoin. Pero una cosa es estar en campaña y otra muy distinta manejar las riendas del gobierno, sobre todo después del escándalo de una criptomoneda que le provocó su primera gran crisis política.
Como se recuerda, Milei publicó un trino en el que promocionaba la criptomoneda $LIBRA presentándola como un proyecto para financiar la economía y las empresas locales. La recomendación disparó el precio, pero el valor cayó de manera fulminante horas después, cuando dejó pérdidas de más de 250 millones de dólares para muchos inversores y desató una crisis política en Argentina.
Después de tamaña embarrada, ahora la administración Milei ha optado por un enfoque mucho más ortodoxo que incluye una mayor fiscalización sobre plataformas de intercambio, nuevas exigencias de declaración de activos digitales y medidas para evitar la fuga de divisas a través de criptomonedas.
Pero si de fracasos se trata, ahí está el caso de Venezuela con su famoso y polémico Petro (entiéndase la criptomoneda). Fue diseñada como sustituto del bolívar para esquivar las sanciones internacionales, pero nunca logró una adopción definitiva como divisa. A finales del año pasado el gobierno de Nicolás Maduro, sin dar muchas explicaciones, dio por acabado el proyecto. Hoy muy pocos venezolanos recuerdan que existió.
En nuestro país, así como en Chile, se ha observado una mayor cautela en torno a estas monedas digitales. Sí se han hecho investigaciones sobre la materia y se ha avanzado en regulaciones para el llamado sector fintech, pero en ningún momento se ha intentado sustituir la moneda nacional o entregarse a modelos descentralizados.
En general, en América Latina, se ha buscado una alternativa que responda a la existencia de sistemas financieros excluyentes, y controles de capital estrictos, pero no se ha dado con la fórmula adecuada. Unos por meterse de cabeza en el mundo de las criptomonedas y otros por recelar demasiado.
Tal vez el modelo de Brasil sea el más afortunado. Allí, el Banco Central desarrolló su propia versión de una moneda digital llamada Drex. No se trata de un criptoactivo tradicional, sino de una extensión digital del real brasileño, su moneda nacional. El Drex está totalmente regulado y controlado por el Estado que busca aprovechar la tecnología blockchain para mejorar la eficiencia del sistema financiero, no para desbancarlo.
Pero fuera de esta excepción, lo que parecía una revolución en marcha ha terminado en una retirada discreta. Ese entusiasmo que se vivió al principio, en el que ideología y necesidad iban de la mano, se estrelló con toda clase de complejidades técnicas, con la volatilidad de los activos, la discusión sobre su legitimidad y la presión de los organismos financieros internacionales.
El gran pecado fue creer que las criptomonedas podían ser la solución rápida para problemas estructurales como la inflación, la falta de acceso a la banca o los sistemas fiscales obsoletos. La experiencia ha servido para que América Latina entienda que la forma de acercarse a la tecnología blockchain pasa por tener más regulación y menos carreta ideológica. Puede funcionar, pero el intento de institucionalizar una herramienta creada para evadir precisamente a las instituciones ha demostrado sus límites..