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¿Qué se necesita para que un ciudadano pueda ser un interlocutor válido ante Gustavo Petro, presidente de todos los colombianos?
La pregunta no es trivial dado que el mandatario, en plan negacionista, no les ha dado crédito a los cientos de miles de ciudadanos –millones, han dicho algunos– que protestaron contra su gobierno en las marchas del 21 de abril; y en cambio sí se ha mostrado presto a darles reconocimiento a toda suerte de criminales: a los terroristas del ELN y del Estado Mayor Central, a la dictadura venezolana y al masacrador Salvatore Mancuso.
El domingo pasado, desde muy temprano, el presidente Petro se dedicó a estigmatizar a quienes participaron en la marcha: primero compartió un video viejo del humorista Jaime Garzón donde se burla de una movilización de “gomelos”. ¿Será ese un pronunciamiento adecuado para la dignidad presidencial frente a una manifestación ciudadana? Luego, el Presidente se regó contra la marcha, los acusó de añorar “las masacres paramilitares” y los “asesinatos de jóvenes”, tildando de paso a los marchantes de querer volver a un “pasado mafioso”. Y lo secundaron funcionarios de su gobierno, como el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, quien sugirió que quienes protestan en un “domingo lluvioso” están probablemente molestos por las “muchas toneladas incautadas”.
Ni Petro ni Rojas están siendo leales con el juego democrático y han corrido una barrera ciertamente peligrosa para el futuro del país. Quién estigmatiza a los contradictores lo que busca es neutralizarlos con armas poco nobles. El equipo Petro ha demostrado que la herramienta con la que más cómodos se sienten es con la de desacreditar a los demás. Lo hacen en las redes sociales, lo hicieron en campaña y ahora en el gobierno. Entre otras cosas porque son pocos los que se atreven a faltar a la verdad o utilizar medias verdades. Quienes entienden el verdadero valor del debate democrático en una sociedad no recurren a tácticas rastreras como la del descrédito que todo lo desnaturaliza.
Estamos hablando de funcionarios que pagados con los impuestos de todos los colombianos acusan, sin remordimiento alguno, de narcotraficantes a los ciudadanos que legítimamente expresan su descontento con el cada vez más incierto desempeño del gobierno. ¿Acaso eso lo permite la ley? ¿No habrá quién defienda el derecho a la libre expresión de los ciudadanos? No le queda nada bien a un presidente, que como Gustavo Petro abogó siempre porque le dieran espacio cuando era opositor, ahora que está en el poder no solo no sea capaz de reconocer el mensaje de esta multitudinaria marcha sino que se dedique a insultarla y criminalizarla.
Si bien, se puede entender por qué Petro acude a la estrategia de estigmatización, que se usa como una herramienta de propaganda, hay que decir, y ojalá el presidente lo escuchara, que ese camino no conduce a nada bueno. Stalin, en la Unión Soviética, empleó la estigmatización contra los que él consideraba los “enemigos del pueblo”. Pol Pot, en Camboya, estigmatizó a los educados, los profesionales y la gente de las urbes, a quienes consideraba enemigos de la revolución agraria. Mao en China estigmatizó a cualquier persona identificada como contrarrevolucionaria o crítica del régimen comunista, incluyendo intelectuales.
Y lo más paradójico es que el presidente Petro tacha de asesinos y mafiosos a miles de ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y llevan vidas sin infringir la ley, simplemente porque salieron a marchar contra él; mientras, al mismo tiempo, su gobierno intenta perdonarles todos sus crímenes y transformar en gestores de paz a miembros de grupos armados ilegales que, sin mostrar signos de arrepentimiento, han sembrado el terror en el país durante años.
El pedido que hizo este viernes de izar la bandera del M-19 en un acto con grupos comunales es apenas una muestra de esa suerte de encantamiento que tiene Petro con los grupos que están o han estado en la ilegalidad. El presidente insiste en que el ELN, el EMC o la Segunda Marquetalia son interlocutores válidos y merecen infinitas segundas oportunidades, no importa que tomen del pelo con los ceses al fuego y sigan con atentados y masacres. Ellos son actores válidos para llegar a acuerdos con el gobierno, pero quienes marcharon el pasado domingo, para Petro, son “mafiosos”. Por no hablar del caso de Salvatore Mancuso, un criminal confeso, quien mágicamente reapareció en el país como “gestor de paz”.
La selección del presidente sobre quiénes son interlocutores válidos revela su propia interpretación de la democracia, que, desafortunadamente, parece que solo se aplica cuando se trata de sus seguidores, a quienes, además, cada vez más demuestra que los trata como si fuera un rebaño que solo tiene derecho a pensar como él. No de otra manera se explica la forma cómo en el Gobierno han descabezado a quienes incluso Petro había contratado, pero ante cualquier signo de insumisión han sido botados sin contemplación.
La banda sonora del gobierno de Gustavo Petro pareciera ser la clásica de Enrique Santos Discépolo: “Hoy resulta que es lo mismo / Ser derecho que traidor / Ignorante, sabio, chorro / Generoso o estafador / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / Lo mismo un burro / Que un gran profesor”. O peor, “mejor estafador”..