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Con el paso de los días, y en la medida que parece sentir más el sol a sus espaldas, el presidente Gustavo Petro muestra una mayor inclinación a lanzar fuertes intentonas para concentrar la prestación de ciertos servicios esenciales en el Estado.
Muy al principio de su gobierno anunció que quería que el Estado manejara los recursos de la salud (cerca de $70 billones al año), para lo cual presentó la reforma que aún hoy se debate en el Congreso. Al mismo tiempo, propuso en su reforma pensional que el Estado manejara los recursos que los colombianos tienen en fondos privados. Si bien ese punto está casi derrotado en la reforma que hace trámite en el Congreso, de revivir y aprobarse, implicaría el traslado de $380 billones a Colpensiones.
Pero eso no ha sido todo. Hace poco menos de un año Petro lanzó otra tanda: expidió un decreto que le daba permiso para asumir las funciones de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas). Así esperaba tener el poder para bajar las tarifas de servicios públicos, al parecer sin consideración alguna por el diseño institucional del sistema eléctrico que tantos beneficios le ha traído al país. El Consejo de Estado reaccionó con prontitud y suspendió la aplicación del decreto por ir contra la Constitución y la ley.
Y ahora, Petro ha subido sus apuestas. A finales de 2023 no quiso firmar el decreto de “liquidación del presupuesto”, porque le pareció que si lo firmaba tal como estaba, destinando recursos para cerca de 60 obras de infraestructura a lo largo y ancho del país que ya están comprometidas, no le iba a quedar suficiente plata para él destinarla a su antojo.
Sus dos ministros y amigos de muchos años atrás, de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Transporte, William Camargo, le rogaron e insistieron que no firmarlo sería ir contra la Constitución. Pero Petro se mantuvo en su empeño, al punto que le costó la cabeza al Director de Planeación, Jorge Iván González. Solo hasta hace poco, algo hizo que Petro diera su brazo a torcer, y firmó un decreto de “yerros”, corrigiendo su ibidem.
Pero, el Presidente no se da por vencido y ahora publicó para comentarios un decreto que le da nuevas facultades: tendrá la última palabra en materia de autorización de vigencias futuras, la reprogramación de las mismas y traslados presupuestales. Es decir, un decreto que le permite hacer lo que no pudo esta vez. El decreto firmado aún no ha sido publicado.
Y lo más reciente que propuso fue una reforma a la ley de Servicios Públicos. Otra vez buscando sacar de taquito a la comisión de técnicos que creó la Constitución de 1991 (Creg) para él decidir a su antojo sobre las tarifas y caminar hacia una mayor estatización del sector. Por supuesto que será bueno tener tarifas más bajas, pero si no se hace como debe ser podemos quedar en el peor de los mundos: sin luz y con tarifas altas.
Es decir, el gusto por estatizar deja de ser un caso peculiar en el Gobierno Petro para convertirse en una constante. De lograr su cometido, Petro podría llevar a Colombia a cambiar su modelo de Estado: de un mercado de libre competencia a uno más estatizado, con menos libertad de elegir y en el cual servicios esenciales como la salud y la energía se convertirían en monopolio del gobierno de turno.
¿Por qué Petro hace esto? ¿Qué lo mueve? ¿Qué busca? Hay varias posibles interpretaciones. Una de ellas es que Gustavo Petro se ha quedado pegado en teorías ya anacrónicas de los libros que tal vez leyó y releyó en su juventud, que estaban de moda en los años 60 y 70.
Si nos atenemos al propósito central del comunismo que era (o es) reemplazar la propiedad privada por la propiedad pública y darle paso al control comunitario de los medios de producción, pues se podría pensar que Petro está intentando caminar en esa dirección. Lo que resulta lamentable es que el hoy presidente de Colombia no se haya dado cuenta de que la historia ya se encargó de demostrar que no tenían razón varias de estas teorías.
Que no haya tomado nota, por citar un solo ejemplo de esa época, de la gran lección que dieron para la historia las dos alemanias: mientras la Alemania occidental, en la cual reinaba la democracia y el libre mercado, prosperaba y se convertía en potencia, la Alemania comunista se convertía en una cárcel gris de la que muchos querían huir.
Cabe recordar que en su visita a Alemania, Petro lamentó “el derribo del muro de Berlín porque trajo la “destrucción del movimiento obrero a escala mundial”.
También existe otra posible explicación y es que Gustavo Petro está moviendo todas estas fichas para tener las arcas del Estado llenas, a su disposición y poder aplicar las prácticas del populista: repartir subsidios a diestra y siniestra, rebajar tarifas, con un único propósito y es el de perpetuarse en el poder, él o su proyecto político.
No sería extraño que Petro, y esa sería otra interpretación, frecuente visitante de Venezuela, esté tratando de replicar la fórmula con la cual el chavismo se ha perpetuado durante 25 años sin mayor respeto por la democracia. Chávez tuvo una chequera abierta con petrodólares con la que compró el cariño de muchos. Una reciente investigación reveló que cuando Hugo Chávez estaba en el poder desvió al menos 56.000 millones de dólares de las arcas públicas venezolanas a través de una red de fondos utilizados discrecionalmente por el difunto presidente y su círculo cercano.
Pero como solemos decir, una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca. Y en materia de billete, una cosa es la Venezuela de Chávez y otra la Colombia de Petro. El presupuesto de Colombia, a pesar de que está más boyante que en otras épocas, no es suficiente para hacer ferias y fiestas. Hugo Chávez tuvo el boom del petróleo: recibió a Venezuela con el barril a 11 dólares y diez años después se lo pagaban a 100 dólares. En los primeros 15 años de este siglo, Venezuela recibió US$56.500 millones anuales en promedio. Mientras que Colombia, en 2023 apenas si llega a los US$15.000 millones.
Y sobre todo Colombia ha dado muestras de tener una institucionalidad fuerte que nos puede blindar, ojalá, de aventuras totalitarias. El Consejo de Estado frenó el decreto de la Creg, la Corte Constitucional le frenó un estado de emergencia de la Guajira, la Corte Suprema se ha mostrado firme ante el acoso callejero y hasta algunos partidos y políticos tradicionales y alternativos han sacado la casta.
Las instituciones de Colombia son una belleza. Un Estado es como una enorme estructura bajo la cual todos vivimos y está diseñado con varias columnas fuertes y sólidas, de tal manera que si alguna tambalea, las otras lo sostienen, para que no se desplome encima de lo que se suele llamarse el pueblo.
Ojalá sigan resistiendo y demuestren una vez más que el camino para proveer bienestar a todos no es ni el comunismo (ligero o severo) ni el populismo.