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“La Junta Directiva estará compuesta por hombres y mujeres de las más altas calidades, con carácter y criterio técnico demostrado”, prometió Daniel Quintero en campaña electoral, al hablar de Empresas Públicas de Medellín.
Estos fueron los nombres que el elegido alcalde seleccionó o ratificó porque cumplían con esos criterios: Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gomez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas. Esos mismos nombres hoy le dicen a la sociedad antioqueña y al país que la institucionalidad, la gobernabilidad y el patrimonio de su bien más preciado podría estar en riesgo inminente.
Con sus firmas, los ocho integrantes de la más alta instancia de EPM han expresado en su carta formal de renuncia de ayer, su desacuerdo con las prácticas de Gobierno Corporativo lideradas por el alcalde y por el gerente General, Álvaro Guillermo Rendón.
Existen dos momentos detonadores. El primero, en relación con la propuesta de ampliación del objeto social de la empresa, sobre la que afirman: “Independientemente de competencias explícitas, consideramos que un asunto relacionado con los estatutos de la Empresa, debe discutirse a fondo y buscar el concurso de la Junta Directiva como máximo órgano de la Entidad”. El segundo es en torno al hecho de no haber sido informados ni tenidos en cuenta frente a las acciones legales contra contratistas y compañías de seguros del proyecto Hidroituango, y donde cuestionan que “no conocemos que se hayan estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”.
Las juntas directivas de las empresas privadas y públicas deben ser tenidas en cuenta y participar activamente de las decisiones relevantes que afectan el presente y futuro de las organizaciones. En virtud de esa obligación, los miembros asumen grandes responsabilidades legales, e incluso económicas. Estas denuncias son de la mayor gravedad. El proceder del alcalde ha sido inapropiado y pone en riesgo la credibilidad y el respaldo de todas las partes relacionadas, en otras palabras, la sostenibilidad de EPM.
El modelo corporativo y de operación de EPM ha sido ejemplo en el mundo de las empresas públicas en espacios como el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF (Development Bank Of Latin America) y el Banco Mundial. Esta excelencia en el liderazgo es la que le ha permitido a la compañía que inversionistas y financiadores hayan apoyado su crecimiento y posicionamiento.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, con su liderazgo, o falta del mismo, han destruido un gobierno corporativo ejemplar que han respetado históricamente alcaldes y gerentes con independencia de sus ideas políticas. Hoy ellos son responsables de haber creado una crisis sin precedentes poniendo en riesgo un proyecto de los antioqueños que acaba de cumplir 65 años. Este patrimonio es en la actualidad la sexta empresa más grande de Colombia por ingresos operacionales, que representa el 26.19 % del presupuesto de Medellín, aprobado por 5.65 billones de pesos para el 2020. Y hoy tambalea.
El gerente ha olvidado que las lealtades del líder de una empresa están con ella y no con agendas políticas. Por respeto a los accionistas, que son cada uno de los antioqueños, al legado de sus antecesores y al futuro de EPM, debe renunciar.
El alcalde no ha sido trasparente con la ciudad, ha destruido la tradición de blindar a EPM de ambiciones del poder. Es importante que retome el rumbo, la arrogancia es mala consejera. Hoy es primordial fortalecer la institucionalidad, garantizar la continuidad de la operación, la relación con la banca y los inversionistas. Se requiere que el gobernante sea transparente en sus intenciones y vele genuinamente por el bienestar de la ciudad –y sus habitantes– y su desarrollo de largo plazo. Para él, el cargo actual puede ser solo de paso; para los medellinenses, se trata del futuro de su ciudad.