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Lo más impactante del primer año de la fiscal Camargo es cómo ha hecho caso omiso de todas las denuncias contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Petro.
Cómo será de rampante la corrupción que vivimos hoy en Colombia, que ha ocurrido algo nunca antes visto en la historia del país –y tal vez en ninguna parte del mundo–: los mismos miembros del gabinete de Gustavo Petro han terminado destapando varios de los peores escándalos de su Gobierno.
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, publicó una foto en la que aparecen el jefe de despacho de Presidencia, Armando Benedetti, con el catalán Xavier Vendrell, en un sitio apartado de la Casa de Nariño. La publicó luego de contarle a todo el país que el catalán había recibido de “Papá Pitufo” $500 millones para la campaña de Petro y que fue Benedetti quien acercó al zar del contrabando a la campaña.
Otro caso. El director de la Unidad de Riesgos, Carlos Carrillo; el de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, no se han ahorrado calificativos para señalar a Daniel Quintero de corrupto. Y la mención tiene sentido porque, a pesar de ello, el presidente Petro le entregó una de las empresas más poderosas del Estado, ISA, para que pusiera allí una ficha suya.
Tampoco podemos olvidar que los nombrados por Gustavo Petro, enredados hasta los tuétanos en el saqueo de la UNGRD, delataron a los ministros de Hacienda e Interior y al director del Dapre, confesaron que los llamaban el “cónclave” y que desde allí repartían contratos y dinero.
Y para no extendernos más, no olvidar que fue Benedetti el que filtró unos audios en los que delataba anomalías en las platas que entraron a la campaña del hoy Presidente: “Yo fui el que organicé todos los votos en la Costa (...). ¿Es que quieren que diga quién fue el que puso la plata? (...) Laura, ¡te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos!”.
Cómo será que hasta la vicepresidenta Francia Márquez se atrevió a decir “me duele que en este gobierno que ayudé a elegir hay muchos casos de corrupción”, en el ya legendario Consejo de Ministros televisado.
¿Y qué ha pasado con todos esos casos en la Fiscalía? Nada o casi nada. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, cumplió en enero un año al frente de este cargo y en vez de transformarse en una fiscal de hierro, como se suele esperar de quien ocupa este puesto tan estratégico para el país, más bien ha resultado, hasta ahora, ser una fiscal de felpa.
En el único tema que ha dicho esta boca es mía es en el reciente de “Papá Pitufo”, la Fiscalía recibió declaraciones de dos de los petristas que denunciaron. Pero de resto, poco o nada hemos sabido. Peor aún, pareciera que en vez de intentar seguir las investigaciones para dar con los responsables, por el contrario la Fiscalía estuviera evitando hacerlo o incluso tratando de ayudar a presuntos delincuentes.
En el proceso contra Nicolás Petro, el hijo del Presidente, Camargo sacó del caso al fiscal que venía de la época de Francisco Barbosa y hace dos días, agentes del CTI capturaron a los investigadores que llevaron a la instancia de juicio a Nicolás. Todo el país vio al hijo del Presidente confesando haber recibido dineros de manera irregular para la campaña de su padre. Y ahora han querido voltear todo el relato. La Fiscalía incluso trató de hacer operación tortuga, pero los jueces en cuyas manos ya estaba el caso cuando Camargo llegó al búnker, han obligado a la Fiscalía a apresurar el paso.
Pero lo más impactante de la gestión de Camargo durante este año ha sido ver cómo ha hecho caso omiso de todas las denuncias contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña de Petro. Con las pruebas que ha recogido el Consejo Nacional Electoral, varias de ellas muy contundentes, es posible que a cualquier otro ya lo hubieran metido a la cárcel y hasta condenado. Extrañamente ese potente expediente no ha tenido mayor eco en la Fiscalía y las dos indagaciones, abiertas en la época de Barbosa, están durmiendo el sueño de los justos.
En el caso de la Unidad de Riesgos, si no es porque los protagonistas del saqueo se ofrecieron a contar todo, tal vez nada habría pasado. Uno de los delatores se la pasa quejando porque ve a los exministros del “cónclave” dándose la buena vida y desde la Fiscalía le bajan la caña a sus señalamientos, diciéndole que eso es un “escándalo político”.
El Estado colombiano ha tenido problemas de corrupción, nadie lo duda; sin embargo, nunca antes como ahora ha sido tan evidente desde el corazón mismo del poder. Puede que el presidente Gustavo Petro no sea corrupto, pero de lo que no cabe duda es que su manera de proceder abre tremendas troneras para que se cuele la corrupción. Esa abrumadora ineficiencia y esa obsesión ideológica les da carta blanca a políticos venales y a todo tipo de contratistas malandros: ser corrupto es un mal menor, siempre y cuando sean útiles para nuestro proyecto político, podría ser la filosofía del gobierno.
Esperemos que lo que ha ocurrido este primer año sea sólo producto de un difícil aterrizaje en el búnker. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tiene una trayectoria importante que en algún momento la tendrá que sacudir del marasmo en el que se encuentra, y ojalá la haga entender que le está haciendo un flaco favor a la justicia, a la democracia y a ella misma.
Colombia no aguanta al mismo tiempo a un Presidente que menosprecia las leyes y a una Fiscal General mirando para otro lado, mientras la corrupción carcome al gobierno. Le quedan tres años.