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El menosprecio de lo técnico del que ha hecho gala el gobierno de Gustavo Petro, en cualquier momento va a comenzar a pasarnos factura a los 50 millones de colombianos: el país está al borde de tener problemas de suministro de energía.
Por un lado, Ecopetrol suspendió temporalmente la venta de gas para vehículos a 13 empresas distribuidoras con el fin de priorizar a las termoeléctricas, que requieren del gas para producir energía. Por otro lado, un fallo de tutela de un juez de Santa Marta ordenó suspender de manera inmediata la exploración del pozo Uchuva 2 hasta que se realice una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga –se trata del proyecto en el que están puestas las esperanzas de gas para el país–. Y en general, los líderes de los gremios energéticos han salido a explicar que Colombia a partir de 2025 ya sufrirá déficit de gas.
¿Cómo olvidar en estos momentos a Irene Vélez, cuando en enero del año pasado, decía muy oronda que Colombia tenía “reservas probadas de gas hasta el 2037 o el 2042”. Misma frase que pronunció el presidente Petro, con esa pose de suficiencia que lo caracteriza. ¡No hay derecho!
La ministra Vélez echó ese cuento, no está claro aún si porque no sabía leer las cifras del informe, o por querer manipularlas para así justificar la decisión del Gobierno de no firmar más contratos de exploración de gas. La lógica parecía ser: tenemos tanto gas que no necesitamos hacer más contratos de exploración. En ese entonces, recordemos, la viceministra de Energía, Belizza Ruíz, rechazó el informe divulgado por la ministra y denunció que habían usado su nombre “para legitimar esas cifras y ese texto”. Y renunció.
Como la ignorancia es soberbia, dejaron ir a la técnica que algo sabía y se quedaron Petro e Irene Vélez con sus tesis de folletos, según las cuales no necesitamos ni gas ni petróleo.
Lo de la suspensión del proyecto Uchuva es como para no creer. El juez, con el argumento de amparar los derechos de una comunidad de pescadores, deja a todo el país en riesgo mayor para cubrir la demanda de gas. ¿Quién ampara los derechos de los 36 millones de usuarios que se quedarían sin el servicio o tendrían que pagarlo más caro? ¿Qué pasará con millones de familias de menores ingresos que reemplazaron la leña por el gas? ¿Les tocará volver a cocinar con leña, como les está tocando a cerca de 100.000 habitantes de Pasto que no están pudiendo tener acceso al gas?
Uchuva 2 es un pozo evaluador que sirve para confirmar las reservas del primer hallazgo de Ecopetrol y Petrobras en el pozo Uchuva 1, descubierto en 2022. Está localizado a 31 kilómetros de la costa y 76 kilómetros de Santa Marta, en aguas ultraprofundas en el mar Caribe, con reservas que le permitirían al país tener suministro de gas en los próximos 18 años.
Cuando se hizo este descubrimiento, conocido como el campo Tayrona, Ecopetrol anunció que era parecido a los legendarios campos de Chuchupa y Ballena, en La Guajira, que le permitieron a Colombia dar un gran salto al mantener la autosuficiencia energética durante 45 años y convertirse en un ejemplo en América Latina. El país logró una cobertura en gas superior al 65%, que le permitió a muchas industrias abaratar sus costos y a 12 millones de hogares cocinar con un energético menos contaminante.
Por eso, no deja de sorprender la decisión del juez Villalva. Si está en aguas ultraprofundas, ¿por qué impacta a una comunidad nómada, y por qué hasta ahora se produce el fallo de tutela, si Ecopetrol lleva varias décadas explorando en esa zona? Además, si se había determinado que no había presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, ¿por qué aparecieron años después?
El juez no solo pide hacer la consulta con las comunidades, sino realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, desarrollar un protocolo para la protección de las comunidades ancestrales del agua, en futuros proyectos abstenerse de utilizar nombres indígenas como Tayrona y Uchuva, sin el consentimiento de las comunidades, y un sinnúmero de requisitos que, por supuesto, demorarán mucho más la entrada en operación de este pozo.
Más allá de la coyuntura de esta tutela, el gobierno Petro ha puesto todo tipo de obstáculos para frenar el desarrollo del sector gasífero en el país, que es uno de los llamados a liderar la transición energética.
Ahora, Colombia no solo está expuesta a perder su soberanía energética, sino que los usuarios tendremos que pagar un servicio mucho más caro porque el gobierno anunció que se verá abocado a aumentar las importaciones de gas, que son más costosas que la producción local.
Ojalá que el gobierno aprenda de estas circunstancias y reconsidere las decisiones equivocadas que ha tomado.