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Crítica es la problemática de la ciudad con los habitantes de calle o en situación de calle. Mientras el resto de la población debe cumplir, al pie de la letra, con el aislamiento social y demás medidas de bioseguridad, la inmensa mayoría de quienes habitan la calle (4.000 a 6.000 personas), deambula, de manera libre y masiva, sin autoridad que la controle. Tienen especial presencia en el Centro, la avenida Regional y la Minorista, donde semanas atrás se registró el más complejo brote de covid-19 en el Aburrá.
En este momento crítico de salud pública no puede haber excepciones. Todos debemos cumplir la norma y esta población, especialmente vulnerable, marginada, desplazada, con serios problemas de drogadicción, enfermedades mentales, abandonada a su suerte y sin recursos, merece atención especial.
No se trata de estigmatizar a nadie, pero si uno de sus miembros se infecta y no es detectado a tiempo frustra todo esfuerzo colectivo y pone en riesgo amplias zonas de la ciudad por su condición de errante.
El decreto presidencial que encerró al país y paralizó toda actividad económica desde el pasado 23 de marzo, también cobija a estas personas y la Alcaldía debe multiplicar sus esfuerzos para que así sea.
Por cientos se les ve aglomerados en el espacio público, sin tapabocas u otras normas de bioseguridad, mientras las autoridades pasan de largo, como si ello fuese normal o se tratara de fantasmas que es mejor no ver ni acercárseles.
Tampoco puede desconocerse todo aquello que ha hecho la Alcaldía para proveerlos de alimentos, facilitarles espacios para asearse, cambiarse de ropa o pasar la noche “si quieren”, pero la crisis por el covid-19 no admite excepciones, tratamientos a medias o islas sociales.
En Medellín y Antioquia hay numerosos bienes arrebatados al narcotráfico (casas, edificios, mansiones de recreo semiurbanas y rurales...) muchos de ellos amenazando ruina o mal explotados, que podrían cumplir una valiosa labor social para la protección temporal de esta población y otras miles de personas que están siendo expulsadas a la calle por carecer de los recursos para pagar la pieza, el inquilinato u otros refugios humildes donde pasan sus días.
Otro hecho complejo con el habitante de calle es su creciente participación en distintos actos delictivos, ya sea por iniciativa propia para tratar de calmar su ansiedad y necesidad de consumir alucinógenos, o impulsados por grupos criminales que los utilizan en sus fechorías, algunas de extrema gravedad.
Esta semana la Personería de Medellín llamó la atención a la policía debido a los numerosos atracos, de forma masiva, en el Centro y áreas vecinas en las que aparecen señalados grupos de drogadictos y otros habitantes de calle. Estos aprovechan la soledad para asaltar a peatones y conductores que se ven obligados a salir de sus casas en busca de víveres o laborar en sectores autorizados.
En la atención a la población marginada la sociedad no puede llamarse a engaños, ni pretender resolver el problema con acciones policivas, prohibicionismos extremos o millonarias inversiones asistencialistas.
La misma exige la adopción de políticas públicas integrales, de largo aliento, trabajo interinstitucional y acompañamiento social y familiar. La ciudad, basada en experiencias mundiales y científicas ha obtenido algunos logros importantes frente a este, el más grave fenómeno social que enfrenta. Esta política y sus resultados deben evaluarse, redireccionarse si es del caso, pero no pretender empezar de cero porque podría llevar a nuevos fracasos, con enorme carga sobre el erario público.