Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, un dicho algo trillado, pero que de vez en cuando resurge cuando las cosas que dábamos por sentadas corren el riesgo de desaparecer repentinamente. Esto es precisamente lo que acaba de experimentar Colombia con su sistema eléctrico, cuando por unas semanas resucitó el fantasma del apagón.
Se habla poco de los logros que ha conseguido Colombia en el sistema eléctrico en las tres décadas siguientes a los apagones de principios de los 90. Se construyó una estructura institucional que atrajo capitales tanto públicos como privados y de esa manera el país logró alcanzar una cobertura eléctrica cercana al 98%, con altos estándares de calidad y sin necesidad de recurrir nunca más al racionamiento energético, incluso frente a condiciones climáticas adversas como las recientemente superadas con el último fenómeno de El Niño.
Ahora bien, nuestro sistema eléctrico enfrenta dos desafíos clave que, ya superado el fenómeno de El Niño, requieren máxima atención para garantizar la confiabilidad futura del sistema y el bienestar económico de los colombianos: uno, encontrar mecanismos para enfrentar el aumento en las tarifas de energía en muchas regiones del país, especialmente en la región Caribe, y, dos, la necesidad de expandir la generación de energía del país, entre otras cosas para ese fin.
Partamos de lo básico: ¿qué tan cara es realmente la energía en Colombia? La respuesta es que, en promedio, es moderada al compararla con otros países de América Latina. Según datos del Observatorio Superior de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el precio promedio de la electricidad que pagan los colombianos nos sitúa en un nivel medio en la región: el consumidor en Colombia paga por kilovatio hora menos que en países como Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica o Panamá, pero mayor que en países como Paraguay, Venezuela, México, Brasil, Ecuador y Argentina.
Sin embargo, el promedio del país se ve particularmente afectado por el costo de las tarifas en la región Caribe que es más alto que en el resto. Según un informe reciente de EL COLOMBIANO, el costo unitario de la energía que cobran Air-e y Afinia, las principales comercializadoras del Caribe, es más de un 30% superior al del interior del país. Este aumento se debe en gran parte a un mayor costo en los componentes de “pérdidas” y “comercialización”, resultado de las condiciones impuestas a los nuevos operadores que entraron a la zona tras el mal manejo de Electricaribe. Además, el uso intensivo de aire acondicionado y ventiladores debido al calor, junto con el empleo de electrodomésticos antiguos, resulta en un consumo significativamente mayor en la costa. Y como si fuera poco, se suma que en la Costa también pagan tarifas más altas de alumbrado público. Se arma cóctel que produce facturas de servicios públicos que pueden duplicar o triplicar las de Bogotá, Cali o Medellín.
Más allá de que décadas de malos manejos y cierta alcahuetería con la corrupción puede estar pasando factura en las tarifas, también es cierto que la región necesita alivios urgentes, y se necesita que el Gobierno empiece a revisar temas regulatorios como la ampliación del consumo de subsistencia en la costa o modificando la forma en que se está cobrando por las “pérdidas”. Para esto sería ideal contar con una CREG que funcione de manera continua y técnica, no en interinidad o sin quorum decisorio como ha ocurrido en estos meses debido a la displicencia del gobierno de Petro al respecto.
Lo que se hace urgente y necesario es profundizar el sistema que durante 30 años ha funcionado. Por lo cual, es crucial evitar caer en un impulso intervencionista en el sector eléctrico, dirección hacia la cual ha apuntado el Ministerio de Minas y Energía. Regular los precios de la energía en bolsa u otras medidas intervencionistas en el funcionamiento del mercado serían poco efectivas, especialmente considerando que la energía en bolsa es solo un componente marginal de las tarifas.
Para entender las posibles consecuencias negativas, basta con observar lo que ocurre en países que nos “ganan” en las tarifas, como Venezuela, Ecuador, México o Argentina, donde las intervenciones estatales para subsidiar o “congelar” los precios de la energía, aunque han logrado precios más bajos, han resultado en un servicio menos confiable. Mientras que en Colombia hemos mantenido un sistema sin apagones durante más de 30 años gracias a la expansión e inversiones tanto del sector privado como público, con actores como EPM o ISA entre los más destacados, en estos otros países los apagones y racionamientos son frecuentes. El populismo tarifario, aunque políticamente efectivo a corto plazo, resulta costoso a largo plazo, cuando la falta de inversión conduce a apagones frecuentes y prolongados.
La prioridad para reducir las tarifas eléctricas a largo plazo en el país debería ser expandir la oferta de generación energética, dado que las proyecciones indican que, si se mantiene la tendencia actual, no habrá suficiente oferta para satisfacer la creciente demanda eléctrica del país. Y de paso con mayor oferta se podría reducir costos en la transacción de energía. El Gobierno Nacional debe fomentar, desde ya, un ambiente propicio para proyectos de generación y transmisión de energía, ya sean solares, eólicos, hídricos o térmicos.
Los continuos ataques del gobierno de Petro a los generadores y otros actores del sistema eléctrico, junto con mantener en interinidad a los comisionados de la CREG y emitir mensajes contradictorios sobre una posible reforma a la ley de servicios públicos, en lugar de ayudar a atraer inversiones, las está ahuyentando. Es esencial cambiar rápidamente de dirección: no solo se fortalecería el sistema frente a un nuevo fenómeno de El Niño, sino que también se abordaría de manera estructural gran parte de la presión sobre las tarifas de energía en momentos de estrés.