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De los 29 años transcurridos desde que Chile recuperó el régimen democrático y dejó atrás la dictadura de Augusto Pinochet, han pasado siete gobiernos. Tres de ellos (el de Ricardo Lagos, seis años, y los dos de Michelle Bachelet, ocho años) han sido socialistas. Otros dos han sido de centro (Patricio Alwin, cuatro años y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, seis años). Y otros dos, los de Sebastián Piñera, de centro derecha, que si completa el segundo, serán ocho años.
Es decir, está lejos de la realidad esa tesis de que Chile ha estado en manos de gobernantes neoliberales continuistas de las políticas pinochetistas. Incluso el mismo Piñera -quien en 1988 fue uno de los líderes por el No en el plebiscito que consultó sobre la continuidad de Pinochet en el mando- ha marcado distancias con políticas socioeconómicas propias de la derecha.
Ahora el país enfrenta una verdadera crisis, que bordea la rebelión a gran escala, cuyo foco de ignición fue el incremento de los pasajes del metro de Santiago de Chile -medida pronto revocada- pero que se ha extendido por todo el país con reivindicaciones múltiples. En Chile bullía un descontento que, azuzado desde sectores nacionales e internacionales que el presidente Piñera reconoce como “muy poderosos”, tienen a ese país bajo llamas ante el asombro de buena parte de la opinión pública del continente.
Chile ha tenido un destacable desempeño económico en las últimas décadas. Es una de las economías latinoamericanas con mayor crecimiento (5 % en promedio anual) debido a un marco macroeconómico sólido que le ha permitido amortiguar los efectos de un contexto internacional volátil, con lo cual ha podido reducir de forma significativa la pobreza, que pasó del 31 % en 2000 a 6,4 % en 2017.
Ha tenido, ciertamente, dificultades recientes, como casi todos los países de la región. De un crecimiento de 4 % en 2018 desaceleró a 1,8 % en el primer semestre de 2019. Pero a pesar de la desaceleración, los indicadores del Banco Mundial acerca del desempeño de la economía muestran un comportamiento aceptable y los déficits externos y del gobierno están bajo control. Las reservas internacionales se mantuvieron estables, y las finanzas del gobierno se comportan bien. El déficit del gobierno central se mantuvo en torno al 1,7 % del PIB en la primera mitad de este año.
El estallido social muestra que hay amplios sectores que, o no consideran suficiente lo alcanzado, o exigen más habida cuenta de que ya consideran irreversible lo logrado. Es verdad, no obstante, que los frutos del crecimiento no han sido suficientes para contener la desigualdad, así haya menos pobreza que antes. Según la Cepal, en 2017 en Chile el 1 % más adinerado se quedó con el 26,5 % de la riqueza y el 50 % de los hogares posen el 1 % de esta.
Hoy la capital y varias ciudades están militarizadas. El Gobierno de Piñera teme, por sobre cualquier cosa, ser asociado a la adopción de medidas pinochetistas, y se ve desbordado por las revueltas, que son muy violentas y tienen aterrada a la sociedad. Ayer iban oficialmente 11 muertos, uno de ellos colombiano.
Hay que mirar con plena atención lo que sucede en Chile. Aparte de hacer votos por el regreso a la tranquilidad de un país tradicionalmente pacífico, hay que atender no solo la génesis del descontento y comprender sus verdaderas causas, sino desentrañar las redes que se mueven en la trastienda, sobre la cual ya varios gobiernos tienen fundadas pistas. Ni Ecuador ni Chile serán casos aislados.