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Por estos días cobra un especial significado la Yidispolítica, aquel escándalo que se desató en 2008, porque el Gobierno les ofreció prebendas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño a cambio de que dieran su voto para aprobar la reelección de Álvaro Uribe.
Ese caso mantuvo con los pelos de punta al país político hasta cuando fueron condenados a seis años de cárcel el ministro de Interior de la época, Sabas Pretelt; el de Protección Social, Diego Palacio; y el director del Dapre, Alberto Velásquez.
Lo curioso es que ese descalabro no parece ser muy distinto de lo que está ocurriendo hoy con el escándalo de la UNGRD: el país está aterrado viendo cómo se repite, y al parecer en escala aumentada, la misma situación de “compra” de votos de los congresistas a cambio de prebendas de parte de los ministros. La pregunta obvia es: ¿pagarán con cárcel los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, como lo hicieron Pretelt y Palacio? ¿Aún más, como ocurrió con Alberto Velásquez, el escándalo llegará hasta el director del Dapre del momento, Carlos Ramón González, o al asesor Jaime Ramírez Cobo, mano derecha de la hoy directora del Dapre, Laura Sarabia?
Un intento de respuesta empezaría por decir que con menos pruebas a la mano la justicia ha condenado a muchas otras personas en Colombia.
En este escándalo de la UNGRD han confesado ya tres altos funcionarios del Estado, protagonistas directos de las anomalías. Hace cinco meses lo hicieron el director y el subdirector de dicha Unidad de Riesgos, Olmedo López y Snyder Pinilla, y según los audios que se conocieron en los últimos días, ahora lo dicho por ellos lo ratifica María Alejandra Benavides, a quien, en su calidad de asesora, el ministro Bonilla le habría ordenado hacer seguimiento a los contratos que iban a ser direccionados para comprar al grupo de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
El relato cronológico es casi la prueba reina. Hace un año por estas fechas, el viernes 6 de diciembre, dicha comisión sólo aprobó uno de siete créditos que necesitaba el Gobierno por un total de 1.000 millones de dólares. Ese mismo viernes convocaron a una reunión de crisis en el Ministerio de Hacienda, con los ministros Bonilla y Velasco a bordo, así como el asesor Ramírez Cobo, y acordaron “acelerar la aceitada” de los congresistas vía contratos de la UNGRD. El lunes 11 de diciembre el ministro Bonilla firmó la resolución en la que transfirió 700.000 millones de pesos para la UNGRD y al día siguiente, el 12 de diciembre, a las 7 de la mañana, la Comisión de Crédito Público aprobó otros cinco de los siete créditos.
Todo fue a las carreras. El ministro firma ese lunes la plata, Benavides le pregunta a las 2:55 de la tarde al asesor del Dapre, Jaime Ramírez, que si le lleva la tabla de los contratos con nombres o sin nombres. Y él le responde a las 2:56: “Con nombres ocultos, jajaja”. Ramírez le entrega la tabla al director de la UNGRD, Olmedo López, este se la pasa a su subdirector Snyder Pinilla, y así lograron tener cuadrados, en menos de 24 horas, tal y como lo habían acordado el viernes, tres contratos por $92.000 millones, cada uno para un congresista de la Comisión de Crédito.
Este es apenas el tercer capítulo del escándalo de la UNGRD. El primer capítulo, en febrero de este año, fue la compra de 40 carrotanques en La Guajira por 48.000 millones de pesos, contrato al que le sacaron 14% para, entre otros, los presidentes de Cámara y Senado de ese entonces. Y un segundo capítulo, menos sonado, de 20.000 millones de pesos de ollas comunitarias que se desviaron para campañas políticas en La Guajira. Son apenas tres tajadas del gran pastel del presupuesto de la UNGRD, que en 2023 se gastó 2 billones 263 mil millones de pesos.
Nada mal para un gobierno que tiene serios problemas de ejecución. ¿Será que hicieron otras triquiñuelas con ese abultado presupuesto?
El presidente Gustavo Petro no sabe cómo manejar el tema. Al principio de este año entró en negación. Luego, en mayo, trató de mostrarse como el salvador, diciendo que si no fuera por “este pechito”, que sacó a Olmedo López, la corrupción seguiría. Y luego, el 20 de julio, en la instalación del Congreso, en vista de que no podía luchar contra la catarata de pruebas del explosivo escándalo, decidió pedir perdón: “Vengo a pedir perdón, a ustedes como representantes del pueblo, y al pueblo, por lo ocurrido en la UNGRD”. Y ahora, cuando ven que el barco se inunda, el Petrismo vuelve a activar su máquina de propaganda y trata de desacreditar a la asesora Benavides diciendo que pertenece a un partido de oposición.
El ministro Bonilla es quien pone su firma a la gran bolsa de dinero de la UNGRD y que como dice Benavides “todo, absolutamente todo necesitaba autorización. Todo se necesitaba que él supiera”.
Bonilla se encuentra a los 75 años con tamaño escándalo sobre sus hombros. Sabas Pretelt también tenía ya casi 70 años cuando lo condenaron. En su caso fue por haberle asignado una notaría a Yidis y otra notaría a Teodolindo.