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La chatarrización y renovación de volquetas y camiones viejos que circulan en el Aburrá, es tema urgente y estructural, desde el punto de vista ambiental, para la defensa de la salud pública y el bienestar general de la población. Tal objetivo no es un asunto menor, ni puede extenderse en el tiempo y, menos, quedarse en veremos.
El daño que hacen por contaminación este tipo de carros, con sistema diésel y tecnologías obsoletas, la mayoría con más de tres décadas circulando en un territorio sensible ambientalmente como el Aburrá, es enorme por sus emisiones de material particulado respirable PM2.5.
Tal elemento aumenta los riesgos en la salud de la población, sobre todo en la más vulnerable, menores de cinco años y mayores de 55. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asocia al mismo la muerte anual de siete millones de personas en el mundo por cáncer de pulmón, enfermedad respiratoria aguda, infarto del miocardio y otras.
No obstante la gravedad del problema, lo más importante es que el mismo es controlable y cada persona y sector puede aportar en la solución. Los transportadores mejorando sus vehículos y los empresarios contratando servicios con aquellos que cumplen las normas ambientales.
En el plan de chatarrización o modernización de vehículos sostenibles y amigables con el medio ambiente, no puede haber intocables, menos convertirlo en asunto de desafíos de poder, cálculos políticos, económicos, paros, intimidaciones y demás mecanismos de presión. En el centro del mismo, insistimos, está la salud de la población.
En el Aburrá se mueven unas 4.000 volquetas y 28.000 camiones. Del total de volquetas más del 50 % y el 25 % de los camiones tienen una antigüedad superior a los 25 años. No obstante, solo el 0,26 % de toda la flota de la región genera el 50 % de la contaminación por PM2.5. Es a este sector, conformado por carros con capacidad inferior a 10,5 toneladas, en el que deben centrarse los planes de renovación sostenible, ojalá con vehículos eléctricos, a gas e híbridos. Claro, sin descartar otras opciones que cumplan con las normas internacionales de protección al medio ambiente.
Aunque los esfuerzos y propuestas de las autoridades, gremios y empresarios regionales son valiosos en los planes en mención, los mismos, de todas formas, dependen en alto porcentaje de las decisiones del Gobierno Nacional, máxime si se tiene en cuenta que el país tiene compromisos y metas con la sociedad de naciones que debe cumplir en el corto y mediano plazos en descontaminación.
El plan de chatarrización del gobierno central, por su componente ambiental, debe reformarse y cobijar a los vehículos viejos menores a las 10,5 toneladas, porque estos son los que cargan con el peso de la contaminación y, por lo tanto, deben dejar de circular en el Aburrá en el corto plazo. Lo otro es incrementar los riesgos a la salud.
El Gobierno debe apostarle a la chatarrización con una filosofía de competitividad sostenible e incentivar la reconversión con eliminación de aranceles, reduciendo del IVA y otros beneficios, que bajen los precios de los carros con tecnologías nuevas y los hagan competitivos y accesibles, para quienes se la jueguen por el cambio.
A falta de presupuesto, queja histórica del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, puede declararse la tasa retributiva por contaminación atmosférica para que quien contamine pague. Con tales recursos deben crearse fondos regionales para la renovación y la chatarrización. Igual de importante, declarar la vida útil de los vehículos y abrir opciones para que cada sector maneje su propio plan de renovación.