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Lo primero que hay que decir es que un internet libre y abierto es indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía, especialmente en esta coyuntura donde es tan relevante que la ciudadanía tenga información. Internet, además, es un espacio que potencializa derechos y la garantía de acceso es responsabilidad del Estado. Esos son dos principios básicos que hay que tener en cuenta.
Ahora, la moderación de esos contenidos en las plataformas está bajo la responsabilidad de las propias plataformas, que tienen sus reglas de juego de términos y condiciones. Una moderación externa implicaría que sea una institución del Estado la que entre a moderar esos contenidos, lo cual iría en contravía de los principios básicos de libertad de expresión. No se puede moderar ese contenido, esa especie de curaduría no es viable, pues las fórmulas que existen implicarían que hubiera una especie de “policía” que persiguiera o que pusiera las normas para saber qué es lo que sí se puede decir, y eso cambia el espíritu y las reglas de juego de un internet libre que, no obstante, tiene unas preocupaciones y unos desafíos por la desinformación o porque termina generando mensajes que puedan entenderse como agresivos. Sin embargo, la solución para eso no es cerrar internet, que ese sería el último extremo, pero tampoco es hacer esa moderación o esa curaduría de los mensajes que circulen