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Una cuña radial divulgada por la administración municipal quiso distraer a la opinión pública con la mentira de haber recuperado para Hidroituango la suma de $4.3 billones por los daños ocasionados tras la denominada contingencia del desvío del Cauca por casa de máquinas.
Pero la verdad, monda y lironda es que el exalcalde Quintero se equivocó de cabo a rabo al demandar a la compañía aseguradora Mapfre, para después sacar pecho al firmar con Mapfre la leonina “Acta de finiquito” por un valor que nunca cubrirá los daños amparados según la póliza que, ¨contra todo riesgo¨, se pactó, y a la postre lo que configuró fue un detrimento patrimonial.
Conviene refrescar los hechos que le siguieron a la ocurrencia de la fatal contingencia del 28 de abril del 2018, la que dio lugar a la activación de las pólizas que, tras riguroso proceso de análisis y de verificación logró demostrar a la empresa aseguradora Mapfre, que durante la ejecución del proyecto no hubo ni dolo ni culpa grave, como en efecto lo aceptó y se iniciaron los primeros desembolsos en dólares. ¿De que sirvió entonces que la administración anterior hubiese llegado a ese acuerdo que le dio tranquilidad a Epm?
Una alegría pasajera que nos duró hasta cuando llegó la administración Quintero y la desgracia a los contratistas CCC, a la interventora Sedic y a la consultora Integral, entidades que fueron emplazadas como responsables de los retrasos, colocados en el banquillo y luego demandados por Epm por la suma de $ 9.97 billones, y también la aseguradora Mapfre por la suma de $5.5 billones; una decisión absurda, porque la compañía Mapfre ya había empezado a pagar con un primer desembolso en diciembre del 2019.
Y a falta de noticias en la Contraloría General de la República, esta decidió intervenir sin entender la verdadera causa raíz de la situación de Hidroituango, tomó partido e hizo causa común en favor de Quintero y profirió un fallo contra los contratistas y 28 funcionarios por el supuesto daño patrimonial al Estado, porque la Central no empezó a generar energía a partir de noviembre del 2019 y a título de culpa grave y de responsabilidad fiscal fijó la suma de $4.3 billones
Un fallo que tiró por la borda todo lo actuado y acordado, para que al final en Madrid, España, durante una reunión entre Mapfre y Epm, con la mediación del entonces presidente Duque, le lanzara un salvavidas a Hidroituango con el fin de intentar resolver la controversia generada. Este acuerdo tan solo le representó a Epm ingresos de $3.9 billones y además se continuó con las demandas contra los contratistas.
Pero, ah bien lejos estamos de que ese valor refleje el verdadero costo del siniestro asegurado en las pólizas de seguros que suscribió Epm como contratista del contrato BOOMT: 1-.contra “todo riesgo”, por USD 2.556 millones y 2-.de un “lucro cesante” por USD 628 millones, en favor de la Sociedad contratante Hidroituango SAS E.S.P., cuando aún la obra está en ejecución, registra hoy un gigantesco desfase en costos de reparación y faltan unos 3 largos años para que las 8 turbinas entren en operación.
El equipo de empalme del alcalde electo Federico, debería crear una auditoría forense con miras a lograr la invalidación de esa desventajosa acta y regresar al acuerdo.
