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Concluyo lo expresado en mis tres columnas previas indicando la necesidad urgente de que los colombianos cambiemos nuestro paradigma sobre seguridad. Se requiere un esfuerzo de amplio espectro que comprometa a la sociedad como un todo, a la institucionalidad con funciones en ella y a la Fuerza Pública, que ha venido ejerciendo el esfuerzo principal.
Ese nuevo paradigma requiere de un compromiso inter e intrainstitucional, para que la sociedad lo interiorice y lo haga suyo. Exige un trabajo pedagógico liderado por los ministerios de Educación, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de Defensa Nacional.
La norma que articule la política, fije pautas y determine el direccionamiento estratégico deberá ser la ley de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. La brújula que guíe la norma debería ser el “principio de responsabilidad” (ver www.gestiopolis.com), en los términos que lo concibió el filósofo alemán Hans Jonas, con los desarrollos posteriores de la “Fundación para el Progreso de la Humanidad” y la carta de “responsabilidades humanas”.
El desarrollo de este principio debe ser concordante con conceptos tan pisoteados actualmente entre nosotros como son el orden, la libertad, la autoridad y el cuidado, a la vez que debe dejar claro que una institucionalidad garantista de derechos sin exigir el cumplimiento de deberes conduce a un callejón sin salida; como también resulta equivocado pensar que los derechos le incumben al individuo y las responsabilidades al Estado.
La evolución de la humanidad ha creado una nueva cosmovisión en la que surgen nuevos riesgos en la biosfera y nuevas responsabilidades dentro del ámbito de la seguridad. Los conceptos de seguridad y soberanía son dos dimensiones imbricadas en las necesidades vitales del Estado, por lo que las soberanías ambiental, alimentaria y energética son hoy preocupación castrense, por el riesgo entrar en el ámbito de las armas de destrucción masiva. Ello es otro referente para la norma sugerida, en las dimensiones propias de nuestra realidad.
El órgano legislativo, en la construcción y discusión de la ley, debe comprender e incorporar en el sentido de la norma la importancia de la seguridad y sus repercusiones en los ámbitos económico, político, sociocultural y ambiental del país. Sin seguridad las visiones de paz, desarrollo, convivencia y dignidad humana se pueden convertir en entelequia.
En el ámbito castrense la concepción de la ley propuesta debe superar las realidades geopolíticas que surgieron después de la segunda guerra mundial y que hoy constituyen la piedra angular de nuestro paradigma de seguridad. En esta metamorfosis se deben conservar los principios éticos que son vectores en la calidad de militar, el respeto al deber profesional, como también definir las relaciones de dirección, gerencia y comando cuando interactúan civiles y militares en la toma de decisiones.
Como corolario, el nuevo sentido de la confrontación bélica está en el dominio de la mente del contrario, y para ello las tres dimensiones espaciales (afectadas por el ciberespacio), presentan un campo de acción ilimitado. Para Colombia, la respuesta y la solución están en la aplicación a nivel social del “principio de responsabilidad”.
