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Para las gentes del común no es tan fácil entender que mientras se denuncian despilfarros de recursos del Estado por cerca de 7 billones de pesos, se insista en imponer, en tiempos de pestes y desesperanzas, severas reformas fiscales. Para las gentes que poco saben del protagonismo de las firmas calificadoras de riesgo, ni sobre los peligros del crecimiento de la deuda externa, resultan estas medidas impositivas, como exóticas y aparentemente contradictorias dada la precaria situación creada por la pandemia.
Simultáneamente con la discusión de la reforma tributaria, la Contraloría General revela que las obras inconclusas en todo el país superan los mil proyectos sin terminar con periodos de entrega ya vencidos. Y si a ello se le agregan los 1.400 elefantes blancos, obras sumidas en el abandono, por valor de más de 20 billones de pesos –número con el que se podía copar un gran zoológico de reconocimiento mundial– el panorama no puede ser más desafiante. En el abandono están hospitales, centros de educación y desarrollo para la infancia, vivienda para la población vulnerable, aeropuertos regionales, “obras con enorme rostro social”. Derroches, por falta de vigilancia y responsabilidad de las instituciones del Estado, que multiplican el escepticismo ciudadano sobre la calidad, eficiencia y pulcritud en el manejo del gasto público, que se nutre con los impuestos de los contribuyentes. El despilfarro es un crimen de lesa humanidad cuando la pandemia tritura vidas, economías y empleos, en forma inmisericorde.
Duque está bien intencionado con su reforma. En un acto de responsabilidad no quiere entregarle a su sucesor un país fiscalmente en ruina, internacionalmente descertificado y maltrecho, con una deuda externa agobiante. Pero no es fácil venderla a un país atribulado por los efectos sociales y económicos que viene causando una pandemia, que si bien no da tregua y carece de tiquete de ida, requiere de recursos para que socialmente el ciudadano no sufra más perjuicios. Aprobarla sin ajuste alguno, sería una hazaña como la de lograr la cuadratura del círculo. Y eso lo intuye Duque cuando pide que Gobierno y Congreso puedan llegar a un consenso que la mejore en vez de decapitarla. Lograr el difícil justo medio que perdió desde hace muchos años el país, agresivamente polémico, no será tarea fácil.
Pagar impuestos nunca ha sido agradable. Pero hoy se deben hacer toda clase de sacrificios. Por eso la reforma tributaria no se puede abortar antes de llegar al Congreso. Ese es el quirófano para decidir sobre la vida de la criatura. Si tiene malformaciones, aplicarle la eutanasia. Si no, que se deje vivir, controlando rigurosamente la transparencia y la austeridad en el gasto público, para que pueda producir bienestar en un país inequitativo, asfixiado en desigualdades sociales. Fusilarla sin llegar la orden del Congreso, es “más que un crimen, un error”. Matar la criatura sin ser oída y vencida en juicio, sería un delito aberrante, mayormente en época de esta atroz pandemia
