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Con tantas cosas que pasan, los columnistas nos vemos en calzas prietas para elegir el tema de la nota semanal. Hoy no pude hacerlo y, por ello, como el lema del aceite, voy con tres en una.
Ninguna justificación tiene la intervención de Comfenalco por la Superintendencia de Subsidio Familiar. La Caja es sólida patrimonialmente, no tiene problemas de liquidez y desarrollaba regularmente su objeto social. El Sistema de Compensación Familiar (SCF) tiene activos por 25 billones, anualmente vende servicios por suma semejante y recauda 9 billones de aportes patronales. El Superintendente, señor Pérez Casas, ha manejado la Caja de Compensación de Córdoba, intervenida el año pasado, como su propiedad personal, ordenando nombramientos y despidos. Aterra pensar lo que pueda hacer en Comfenalco, la sexta caja del País. Inquieta el silencio del gremio sectorial, ASOCAJAS, y de los directivos de otras cajas en defensa de unos recursos que no son del gobierno sino de los empresarios y trabajadores. El señor Pérez Casas anuncia una reforma del SCF. ¡Qué Dios los coja confesados!
Trágico destino el de las telefónicas colombianas que políticos y sindicalistas impidieron privatizar en los años 90: Telecom murió por inanición y su cadáver fue entregado a Telefónica para que asumiera el pasivo laboral. La acción de la ETB está en 85 pesos, hace 10 años valía 600. El patrimonio contable de la telefónica de EMCALI es hoy una tercera parte del de 2014. EPM contó con mejor destino, gracias a sus técnicos y ejecutivos.
En 2014, con la fusión Tigo – UNE, EPM recibió 1.4 billones y, en 2016, dividendos por 233 mil millones. Es decir, poco mas de 1.6 billones y aún hay un negocio en marcha de gran valor, con cerca de 20% de las líneas de telefonía móvil.
Tigo enfrenta una situación de iliquidez temporal con limitaciones para aumentar la deuda, por lo cual, como es natural, recurre a los accionistas. En lugar de haberla convertido en un asunto político y una disputa mediática, EPM ha debido aportar lo que le corresponde y proponer la prórroga de la cláusula de salida un par de años. Millicom, dándole una lección de cordialidad comercial, ha hecho esa propuesta que EPM no debe dudar en aceptar.
El fervor popular despertado por el presidente Uribe ha hecho que sus enemigos vuelvan a sacar el mito histórico de los falsos positivos. Tres cosas deben saberse:
La política de seguridad democrática expedida en 2003 estaba afincada en el respeto a los DD.HH. y al DIH.
El Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., en informe de 2010 sobre falsos positivos, manifestó no haber encontrado prueba de que su comisión obedeciera a una política oficial o hubiese sido ordenada por funcionarios del gobierno.
El presidente Uribe mostró con hechos su repudio a los falsos positivos llamando a calificar servicios a 3 generales y 24 oficiales más por estar presuntamente involucrados en la comisión de ese delito.
