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Es común escuchar que el Estado es ineficiente en la gestión de sus instituciones y que produce servicios de baja calidad. De allí surge la discusión de si es mejor que este produzca los servicios que la población requiere o si mejor debiese comprárselos al sector privado, bajo el supuesto de que podría hacerlo mejor y más barato.
Entre las razones que explican porque las instituciones públicas tienen un comportamiento diferente al de las privadas, están el que, en las públicas, el control recae sobre figuras políticas más interesadas en utilizarlas en el corto plazo que en mejorar su desempeño futuro. En las privadas el control recae sobre sus propietarios preocupados en hacerlas mejores cada vez, crecer y perdurar.
En el sector público muchos funcionarios están protegidos por las normas del servicio civil y los fueros sindicales, que los harían más renuentes a adoptar medidas para estimular el desempeño, mientras que, en las privadas, estos permanecen en sus cargos de acuerdo con el buen servicio y los logros alcanzados.
Los ingresos de las entidades públicas provienen de fuentes fiscales y usualmente se asignan en función de sus costos, y no por los servicios que la gente quiera comprar. En el privado estos dependen de lo producido y de la voluntad de las personas de adquirirlo, lo que pone en riesgo su existencia si no se hacen bien las cosas.
Aunque las diferencias entre lo público y lo privado parecerían evidentes, las soluciones no son tan sencillas como decir que privatizarlas es la solución. Las acciones propias de la racionalidad económica no son la única solución, en especial cuando se trata de mercados imperfectos como el de salud en los que las leyes del mercado podrían incluso generar inequidades, ineficiencia y mala calidad del servicio.
En muchos casos las instituciones públicas son la mejor opción porque cubren vacíos del sector privado, lo complementan o se convierten en una alternativa para los usuarios que promueve el buen desempeño y evita los abusos que aparecen cuando se tiene una posición dominante con una población cautiva. Pero esto exige adoptar prácticas empresariales para mejorar sus resultados, prevenir el clientelismo político y evitar la corrupción que las debilitan haciéndolas perder legitimidad frente a la población.
Entre las principales medidas están que la toma de decisiones debe basarse en criterios técnicos de largo plazo y no en la inmediatez del político de turno. Es fundamental que estén expuestas al escrutinio de la gente que las usa, para que sus ingresos fluyan en función de los servicios utilizados. Ello requiere que sus directivos sean seleccionados o removidos de sus cargos basados en su formación, experiencia y logros, por encima de los apoyos políticos.
Per se la naturaleza pública o privada de las organizaciones no las hace buenas ni malas. Es un falso dilema que ha sido utilizado con fines políticos más que con el genuino interés en ofrecer mejores servicios a la población.
