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Hace unos días presentaron el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024, que no es otra cosa que un informe que saca el Gobierno cada año con las cuentas de cuánto le entra, cuánto se gasta y cuánto debe. Lo de mediano plazo se refiere a que los cálculos son para los próximos 10 años.
Este informe es crucial porque ahí queda en blanco y negro como están las finanzas del Estado y en caso de que no le alcance para los gastos ver si debe recortar o si busca endeudarse más de lo que ya está.
Ese ejercicio es necesario porque si no se tiene claridad sobre las cuentas, en cualquier momento el Estado podría quedarse sin suficientes recursos para su operación o para cumplir con obligaciones adquiridas.
En esta edición 2024, el pronóstico no es alentador. Ya lo había anticipado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hace unas semanas con el anuncio de un billonario recorte presupuestario debido al incumplimiento de las metas de recaudo de la DIAN. Colombia tendrá que hacer esfuerzos importantes en los próximos años para reducir el gasto público y amarrarse el cinturón. La pregunta crítica es: ¿Estará el Gobierno en condiciones de aplicar estas medidas necesarias?
Una señal alentadora, al menos inicialmente, es el compromiso que hizo explícito el Ministerio de Hacienda de recortar el gasto primario para el resto de 2024 en aproximadamente 30 billones de pesos. Este anuncio es positivo para los mercados; sin embargo, al ser efecto del gafe de la DIAN, podría decirse que se trata de un castigo autoinfligido por el Gobierno, es decir, es algo que nos podríamos haber evitado si se hubieran hecho bien las cuentas desde el principio.
Esta necesidad de ajuste en las cuentas alegres respecto al recaudo, sumada a una economía estancada por la disminución de la inversión privada debido a la incertidumbre política y regulatoria generada por los anuncios erráticos y el empeño estatizador del presidente Petro, ha obligado al Gobierno a este sinceramiento financiero.
Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, lo presentado en el marco fiscal indica que el recaudo tributario para este año será un 9% menor a la meta planteada inicialmente. El premio para Luis Carlos Reyes, director saliente de la DIAN, por liderar este déficit, fue su nombramiento como Ministro de Comercio, Industria y Turismo: resulta curioso que el Gobierno elija ascender a quien estuvo al frente de este enorme hueco en las finanzas públicas.
Aun así, es de celebrar que desde el Ministerio de Hacienda se haya asumido el compromiso de ajustar las cuentas para cumplir con la regla fiscal. Aunque el déficit fiscal se incrementará del 5,3% al 5,6% del PIB, la cifra más alta desde la pandemia, lejos de lo ideal, el cumplimiento de la regla fiscal proporciona una cierta tranquilidad. Todo sugiere que prevaleció la prudencia técnica del Ministerio de Hacienda sobre las inclinaciones populistas del presidente Petro que ha mostrado su interés en incrementar el gasto público sin restricciones.
No obstante, más allá de los ajustes fiscales necesarios, hay aspectos del marco fiscal que preocupan sobremanera. Colombia pagará, según estima el informe, el 4,7% del PIB por intereses de su deuda en 2024, un monto que asciende a 80 billones de pesos. ¿Qué cantidad de carreteras, colegios y hospitales podrían construirse con esos 80 billones? ¿Qué tal si una parte de lo que el país destina a intereses se invirtiera para aumentar la UPC que tanto necesita el sector salud o en potenciar la educación superior? Es urgente que Colombia desarrolle una estrategia fiscal para reducir su endeudamiento a mediano plazo y aumentar su capacidad de inversión en proyectos que beneficien a todos los colombianos.
Por lo pronto, el Gobierno no parece estar en esa tónica. La aprobación del proyecto de ampliación del cupo de endeudamiento por US$17.000 millones nos muestra que, lamentablemente, la tendencia no parece ser dar señales de bajar la deuda: por el contrario, deja el techo de la deuda de Colombia en US$87.000 millones, una cifra que podría comprometer aún más la cantidad de intereses que pagará el Estado colombiano, afectando la flexibilidad financiera de futuros gobiernos.
Es crucial también enviar un mensaje de confianza sobre la estabilidad jurídica y la salud futura de las finanzas públicas para reducir la prima de riesgo del país y, con ello, los intereses que paga. Sin embargo, con el discurso del Presidente, que se ha mostrado radicalizado contra los empresarios y la iniciativa privada, y con medidas como la intervención de las EPS, el cambio de reglas en el sector energético y la congelación de tarifas de peajes, parece poco probable que estos cambios necesarios en la comunicación del Gobierno se implementen en los próximos años.
Otro elemento preocupante es la reacción de los analistas frente a los ajustes al gasto público anunciados por el Gobierno. Entidades de renombre como JP Morgan y Goldman Sachs han publicado informes en los que señalan que el recorte presupuestal podría no ser suficiente para corregir el rumbo, anticipando así la necesidad de implementar nuevos recortes o la emisión adicional de deuda en el corto plazo.
El nuevo marco fiscal parece moverse en la dirección correcta, aunque aún resulta insuficiente. Es tiempo de adaptarse a la nueva realidad fiscal de Colombia: una en la que, a pesar de contar con presupuestos históricos, para muchas necesidades, como diría Javier Milei, simplemente “no hay plata”.
