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El artículo 11 de la Constitución, reza: “El derecho a la vida, es inviolable, no habrá pena de muerte”. Tras el crimen de Sofía Delgado, hoy vuelve a revivir el debate sobre la pena de muerte y la justicia en Colombia.
Como madre, me cuesta imaginar, que pueden estar sintiendo los padres de Sofía, la niña de 12 años que salió de su casa en la tarde del domingo 29 de septiembre, y nunca más regresó. Raptada por un agresor que era cercano al entorno familiar de la niña, y que, muy seguramente a los ojos de otras personas del barrio, dejamos que el crimen ocurriera.
Un cuerpo desmembrado de una niña de 12 años es una atrocidad, y es ahí cuando llenándonos de dolor, pensamos que lo único “justo” frente a estos delitos sería la cadena perpetua o la pena de muerte. Pues déjenme decirles, que esta no es la solución para disuadir a los perpetradores de estos crímenes.
Se ha concluido en diversos estudios que el aumento de penas, no puede traducirse en reducción del crimen. “Las personas que tienen una motivación para delinquir, generalmente no suelen considerar la pena futura asociada a su comportamiento delictivo, pues lo consideran como un evento distante y poco probable”. (Juan Pablo Cavada – Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - 1997). Quienes delinquen se preocupan, más que de la pena probable, de la certeza de ser capturados.
El problema no está en las penas que tenemos en Colombia, de hecho, la pena máxima a imponer en nuestro país, es de 60 años, una pena lo suficientemente severa, para un caso como el de Brayan Campo (32 años), quién al aceptar cargos por feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, tendrá una pena que partirá de 40 años, más el aumento por los demás delitos confesados, así que difícilmente podrá volver a recobrar su libertad.
Como abogada penalista, no creo en el populismo punitivo, sigo creyendo en algo más fuerte que un aumento de penas, creo que como sociedad tenemos que adoptar una posición de garante frente a los niños y niñas y sus entornos protectores, a denunciar por ejemplo, si los vecinos dejan sola a su hija menor todo el día en casa sin vigilancia y cuidado de un adulto responsable; a denunciar si la señora de la tienda no tiene a su hijo de 3 años en un jardín infantil; denunciar si vemos un adulto en compañía de una menor entrando a un lugar prohibido para menores. Actuemos sin miedo, ante una situación anormal, que ponga en peligro a nuestros niños.
Un factor que si podrían ayudar a disminuir los delitos, son aquellos de disuasión focalizada, que tienen que ver más con la vigilancia constante de adultos responsables, y que es, en la que estamos fallando como sociedad.
Hoy hago un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que asuma de verdad su tarea de trabajar por la protección integral de la infancia y adolescencia, que su presencia en el territorio, sea notable y eficaz. No podemos permitir más la inobservancia frente a la vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas.
