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Le oyeron decir en la cárcel, hace unos años, al exsenador caucano Juan Carlos Martínez que “la plata que deja una alcaldía no la deja un embarque de cocaína”. Con tres condenas penales encima por diversos y graves delitos, Martínez tenía y tiene toda la razón; los presupuestos locales y determinados servicios a cargo de los municipios son, desde hace unas tres décadas, el más grande botín de la delincuencia armada, desarmada y de cuello sucio.
Con pasmosa habilidad, el crimen se ha apoderado de áreas estratégicas oficiales sin importar el tamaño del pueblo: alumbrado público, concesiones de aseo, manejo local de la salud y alimentación escolar (PAE). Este modus operandi de la corrupción ha convertido las elecciones de alcaldes en una lucha sin cuartel a punta de dinero, no de programas ni hojas de vida. La campaña para alcalde de ciudad intermedia, de 100 mil habitantes o menos, puede costar $7 mil millones o más. ¿De dónde salen? “Inversionistas” que van a la fija por la ESE municipal (salud), concesiones de alumbrado y aseo, y comida escolar. Esta última lo controla al alcalde si tiene el manejo directo de educación; si no, es de los gobernadores; son 97 ETC (Entidades Territoriales Certificadas) entre alcaldías y gobernaciones que mueven más de $2 billones anuales para alimentar a 5,7 millones de niños.
Comida descompuesta, raciones pequeñas y de mala calidad, y carne de caballo y de burro son algunos de los frecuentes escándalos alrededor del PAE en Colombia, sumando enormes sobreprecios como tamales a $30 mil en Santander. Y ahora le adjudicaron el PAE de Neiva a un muerto. El contrato por $16 mil millones (rebajándose $2.500 millones del presupuesto oficial) se lo ganó la UT Baglofood conformada entre otras, por Master Service Group SAS, cuyo único accionista fue asesinado hace 4 meses en el Tolima.
Francisco Javier Sandoval Buitrago, alias “Morrongo”, era este contratista de ultratumba, señalado de estrechos vínculos con grupos criminales y cercano a políticos tolimenses desde hacía varios años. Lo mataron en Mariquita en noviembre de 2024.
Lo absurdo es que la Bolsa Mercantil, contratada por Neiva para este proceso, le adjudicó a la empresa de “Morrongo” pese a advertencias de otros proponentes de que estaban habilitando a un fallecido. Acreditaron su experiencia con 40 contratos, de los cuales 22 a nombre de Sandoval como persona natural. El poder de este hombre era tal que en los recientes 5 años le entregaron $260 mil millones en INPEC, ICBF, Hospital Federico Lleras, Hospital Militar, la USPEC e Integración Social de Bogotá para alimentación carcelaria, hospitalaria, militar y comedores comunitarios.
Y ya habilitado el muerto, sus representantes muy “vivos” falsificaron uno de los certificados del RUP que les faltaba como experiencia. Y como si estuviese maldito este proceso, la empresa que ocupó el segundo lugar, Disfruver (con oferta apenas $20 millones mayor a la primera), era parte del “cartel de alimentación escolar” en Bogotá, multada por la SIC con $601 millones.
Anexo. La Bolsa Mercantil es pésimo ejemplo de transparencia; su “mercado de compras públicas” es parcialmente público y no se puede acceder a los documentos.
