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La incompetencia e ineptitud han sido los sellos inocultables del economista Gustavo Petro y su equipo cuando han tenido el control del ejecutivo, durante poco menos de 4 años en la Alcaldía de Bogotá y ya 26 meses al mando del país. Seguramente ello sería superable si no le sumaran, él y su séquito, el afán permanente por bloquear, por razones puramente ideológicas – sin sustento técnico – todo proyecto, obra o idea que contravenga sus postulados fundamentalistas, algunos rayando el fanatismo. Ni raja ni presta la raja le dicen con sorna mis paisanos opitas.
Empero, el asunto toma carices de absoluta incoherencia y abuso de poder cuando tales determinaciones van más allá del fanatismo ideológico y se convierten, por un lado, en claro y lucrativo nepotismo y, del otro, en afán revanchista contra poderes menores que no siguen su línea.
En 2014, siendo Petro el alcalde y Susana Muhamad su secretaria de Ambiente, se otorgó licencia de construcción a la empresa Praga Servicios Inmobiliarios para hacer 94 apartamentos en cinco torres, Reserva Fontanar; en sus folletos promocionaban su “cercanía con el humedal de La Conejera”. La obra afectó el 4% de La Conejera que, con una extensión de 58 hectáreas, tiene una ronda hídrica de la Quebrada la Salitrosa, el río Bogotá y corrientes subterráneas. Un humedal que, según estudios ambientales, posee la mayor biodiversidad de la ciudad.
Detalle no menor: los accionistas de Praga eran el cuñado del alcalde Petro, Juan Carlos Alcocer, con el 45 %; su esposa Paula Castellanos y la otra cuñada de Petro, María Teresa Alcocer con 5% cada una. Y esta Alcocer casada con Carlos Gutiérrez Robayo, con el restante 40 % y el otro 10 % Fema Reforestación, de él mismo.
El entonces personero de Bogotá Ricardo Cañón inició acción popular contra la obra; en 2019 el Tribunal de Cundinamarca y ahora, hace una semana, el Consejo de Estado le dieron la razón: la obra de la familia política del entonces alcalde Petro, avalado por su secretaria Muhamad, hoy ministra de Ambiente “produce impactos ambientales en el entorno” lo que obliga a reconocer a La Conejera “como sujeto de especial protección en tanto que forma parte de un territorio urbanizable, y que de no tomarse las precauciones necesarias para su protección, conllevaría a su extinción”.
Casualidad o no, esta misma semana la ministra Muhamad logró que el mismo Consejo de Estado admitiera una demanda (sin suspensión) contra la licencia ambiental para la ampliación de la Avenida Boyacá en la que se ocupa el 1,4% (20 hectáreas) de la reserva Van Der Hammen a cambio de compensar con 120 hectáreas de bosque, un proyecto que desembotella las salidas y entradas norte de la ciudad. La Van der Hammen, a pesar de su rimbombante nombre, tiene más de área industrial y comercial que de reserva.
Ayer el exalcalde y hoy Presidente dijo: “Hoy la primera necesidad de Bogotá se llama agua. Por hacer involución, en vez de desarrollo sostenible, la ciudad pavimentó los espacios del agua. Es más importante el agua que el cemento y el carro”. Predicando contra los intereses de la familia.
