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También es muestra fehaciente lo que ha sucedido con la destrucción del sistema de salud, sin importarles la vida de aquellos pacientes que necesitan de ciertas medicinas y tratamientos, como lo demostró este periódico el domingo pasado.
Por Mauricio Perfetti Del Corral - mauricioperfetti@gmail.com
Después de los acontecimientos del pasado domingo 26 de enero y del Consejo de Ministros esta semana, no cabe duda de que lo que dice, escribe o en ocasiones hace el presidente Petro tiene efectos siniestros y destructivos; es como si su talante revolucionario, que él proclama en su libro (2021), en vez de transformar, logra desestabilizar aún su propio gobierno.
El desprecio por la tecnocracia le ha salido costoso al presidente y al gobierno por una razón fundamental: lo que se presumía del cambio y lo que prometió Petro el día de su posesión no se ha cumplido. Se esperaba que el gobierno hiciera avances audaces en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en la educación, en el desarrollo rural, en el acuerdo de paz de 2016, en fortalecer la democracia y luchar contra la corrupción. Pero estamos frente a un presidente que persiste en el discurso, en la movilización, en el ataque a la institucionalidad y al empresario grande o pequeño, y que no sabe y no quiere gobernar. Y, como si fuera poco, está en campaña para el 2026 desde que inició el gobierno, con ínfulas de un liderazgo mundial que no posee.
Resulta inaudito, por ejemplo, que un ministro lidere una protesta de usuarios de energía eléctrica cuando está en sus manos tomar las medidas para intervenir las causas que genera la misma. Ese ministro debería ser sancionado disciplinariamente, pues dentro de sus funciones le corresponde formular, adoptar y coordinar la política nacional en materia de energía, es decir, está obligado a efectuar la política pública de energía. Esto no es más que ineptitud y mala fe en el obrar como gobernantes.
También es muestra fehaciente lo que ha sucedido con la destrucción del sistema de salud, sin importarles la vida de aquellos pacientes que necesitan de ciertas medicinas y tratamientos, como lo demostró este periódico el domingo pasado. El ministro de salud, enemigo de la ley 100 de 1993, ideológicamente prefiere que los recursos de la salud y las nóminas de los prestadores sean manejados por un Estado paquidérmico e ineficiente, calcado del sistema anterior a dicha ley que condenaba a los pobres a una salud de asistencia social. En esa imposición ideológica dejaron de lado logros fundamentales del sistema, como el principio de solidaridad, en el que los que más tienen, más contribuyen; y, la reducción fundamental del gasto de bolsillo por las familias. Tal como demostró la pandemia del Covid-19, las familias no se endeudaron ni entraron en bancarrota cuando requirieron de cuidados intensivos, contrario a lo sucedido en otros países, incluido Estados Unidos. Y, como si fuera poco, el ministro persiste en birlar el mandato contundente y claro de la Corte Constitucional en cuanto al incremento de la UPC.
Seguramente el gobierno del cambio terminará siendo un gobierno impopular, sin logros ni grandes transformaciones, como escribió Zweig “así de terrible es la venganza con quien no sabe aprovechar uno de esos grandes momentos que tan raramente se presentan en la vida de los mortales”.