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Recientemente, el sector intelectualoide ya reconocido popularmente en redes como los Bienpensantes (el mismo que apoyó a Petro porque este país reclamaba a gritos un respiro hacia la izquierda, pero que ahora se rasga las vestiduras ante la tragedia que era obvia), ha insistido en la necesidad de conciliar el Deber Ser con los caprichos impetuosos de Gustavo Petro, porque “hay que evitar que cometa un disparate y que calcine nuevamente al país”.
Como ciudadana, como demócrata y como abogada, discrepo. El temor a las represalias incendiarias de cualquier gobernante con ínfulas de dictadorzuelo, no puede ser razón válida para ceder ante sus instintos autoritarios y mucho menos, para vulnerar la Majestad de la Justica y del Estado de Derecho. Es decir, si el Estado de Derecho es selectivo y adaptable a las distintas personalidades de quienes lo amenazan, aquello de que todos estamos sometidos al Imperio de la Ley , sería solo retórica insulsa.
Bajo la premisa equivocada, sembrada por esos intelectuales de shopping, de que las herramientas que tenemos en el sistema de pesos y contrapesos no pueden esgrimirse de forma legítima, sino que a Gustavo Petro hay que darle largas para que no insista en que “no lo dejamos gobernar”; el señor de Palacio ha ido destruyendo poco a poco cada pilar de nuestra institucionalidad. En paralelo, su tendencia autócrata se ha fortalecido, sus discursos resultan cada vez más intimidantes y violentos frente a quienes nos le oponemos, sus acciones se tornan cada vez más desafiantes y su proyecto de perpetuarse, aprovechándose de que piensa que no tenemos el valor para enfrentarlo, se robustece.
Con esas falacias construidas en algún club capitalino-donde seguro también se consolidan hoy los acuerdos políticos Claudipetrosantistas-, muchos de nosotros nos hemos comido el cuento de que con Petro hay que tener concesiones que se ubiquen en la delgada línea roja de lo inconstitucional. Que una ponencia de archivo a un proyecto de ley, presentada en cualquiera de los primeros tres debates es ilegítima. Que exigirle a la Comisión de Acusaciones celeridad y diligencia en sus funciones es amenazar la institucionalidad. Que promover el artículo 109 de la Constitución es darle alas a la izquierda para que se victimice y atenta contra la Figura presidencial. Que demandar que el presidente mantenga ciertas formas y dignidades correspondientes a su cargo, es de godos. Que cuestionar al gobierno por querer gobernar por Decreto, es criticar lo que la oligarquía ha hecho por siglos. Que exigir que se recupere el control territorial y se deje de filtrar información a los grupos delincuenciales, es de extrema derecha. Que hacerle escrutinio a los gastos desmesurados del gobierno es una nimiedad que no debería concentrar nuestra atención. Que recordarles a la Fuerzas Militares que, según el artículo 217 de la Constitución, su deber es defender el orden Constitucional es querer dar un golpe de Estado. Que no aceptar que la bandera del M19 se ondee al lado de la nuestra, es anacrónico y corroe el espíritu de reconciliación. Qué hacer control político en el Congreso, es desafiar los límites populistas de forma innecesaria. Y la última, que la Consulta Popular, tiene que aprobarse en el Senado y que hay que votarla porque si no estaríamos dándole argumentos a Petro y desconociendo al constituyente primario.
Contundentemente discrepo e invito, a todos los que ya perdimos el miedo, a hacerlo. Posturas como las de Cambio Radical de hundir de forma determinada la Consulta en el Senado, no solo son absolutamente legítimas, sino necesarias para contener los alcances de personalidades tan peligrosas y corrompidas como las de Gustavo Petro y su lumpen.
Nuestro andamiaje constitucional es rico y prevé esas salidas, precisamente para evitar tener que lamentarnos cuando ya sea demasiado tarde. A Petro y a sus huestes mercenarias no se les puede abrir la puerta a convocar una revolución legitimada por el mismo Estado. Ningún texto normativo puede tramitarse vía Consulta Popular. Ningún presidente puede atentar contra el Congreso e ignorar sus mandatos.
Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada.
