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La nueva propuesta de reforma a la salud del gobierno, que en esencia es la misma de antes, plantea convertir a las Entidades Promotoras de Salud -EPS- en Gestoras de Salud y Vida -GSV-. Les quita y fragmenta la función de gestión de los riesgos primario, técnico y financiero, convirtiéndolas en unas costosas auditoras de cuentas y en una solución ineficiente para garantizar una atención integral, que adicionalmente no regula el gasto que amenaza las finanzas del sistema de salud.
El control del riesgo primario sería asumido por los Centros de Atención Primaria en Salud -CAPS- con sus Equipos Territoriales de Salud. Esta labor consiste en realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para evitar que las personas se enfermen o que sus consecuencias sean de mayor severidad.
La gestión sobre el riesgo técnico radica en contratar los prestadores vigilando que cumplan estándares de calidad que garanticen integralidad, oportunidad y satisfacción con el servicio. Esta labor que supedita el pago al prestador a los logros alcanzados en salud y a la minimización de los costos y riesgos asociados a la atención, sería asumida por la Administradora de Recursos de Salud -ADRES-. Esta entidad contrataría y pagaría a los prestadores mediante el giro directo, convirtiéndose en una especie de nuevo Seguro Social pero cinco veces mayor.
La gestión del riesgo financiero, esto es que alcance la plata que destina la sociedad a la salud con los impuestos que paga, desaparece por completo en las Gestoras de Salud. De esto se encargaría en parte la ADRES mediante el uso de listas de tarifas y los CAPS limitando el acceso a la alta complejidad mediante atenciones de menor calidad, soluciones que han demostrado ser ineficaces para este fin.
Las Gestoras ya no asumirían ningún riesgo y por ende dejarían de ser aseguradoras. Sólo les quedaría encargarse de realizar auditoría a las cuentas que presenten los prestadores, por lo que recibirían el 8% de la Unidad de Pago por Capitación -UPC- que es una remuneración exagerada por una tarea que cualquier firma especializada en este campo no cobraría más del 1%.
Es así como esta reforma desnaturaliza por completo la esencia de un sistema de aseguramiento en salud, que históricamente ha demostrado ser la mejor forma para manejar la probabilidad de enfermar y morir. Lo convierte en uno de compras públicas centralizadas controladas por el gobierno, alternativa además de ineficaz para lograr mejores resultados en salud y regular el gasto, es una enorme fuente de clientelismo y corrupción.
Los sistemas de compras públicas centralizadas como el que se quiere aplicar, operan hoy en muy pocos países del mundo por ser altamente costosos, ineficientes y casi que imposibles de controlar. Por ello están mandados a recoger, pero quieren volver a reeditar en Colombia. Esta es una aventura con un sector de especial fragilidad que significaría un retroceso en términos de nivel de salud y en vidas para la población, en especial de la más vulnerable.
