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La larga guerra de independencia, con sus terribles arbitrariedades y saqueos, dio lugar a la fuga y al ocultamiento de capitales, empezando así lo que sería el principal problema monetario del siglo XIX: la escasez de numerario.
Por Luis Guillermo Vélez Álvarez - redacción@elcolombiano.com.co
Entre los miembros del Congreso de Cúcuta de 1821, principio de nuestra vida republicana, había hombres muy versados en cuestiones económicas, como el caraqueño Pedro Gual y el cartagenero José María Castillo y Rada. Por ello no es sorprendente que ese Congreso Admirable haya sido muy prolífico en disposiciones pertinentes sobre asuntos fiscales y monetarios, incluida la asignación al poder legislativo de la función constitucional de crear un banco nacional.
Habrían de pasar más de cien años para que la aspiración de los fundadores se convirtiera en realidad con el inicio de operaciones, hasta hoy ininterrumpidas, del Banco de la República, el 23 de julio de 1923. Varios fueron los intentos fallidos de tener un banco emisor cuya importancia comprendían cabalmente los ilustres constituyentes de Cúcuta.
La larga guerra de independencia, con sus terribles arbitrariedades y saqueos, dio lugar a la fuga y al ocultamiento de capitales, empezando así lo que sería el principal problema monetario del siglo XIX: la desaparición, por la inexorable fuerza de la Ley de Gresham, de la moneda metálica de buena calidad o “escasez de numerario”, como lo denominaron un secretario tras otro en sus Memorias de Hacienda.
En 1861, el General Mosquera, con su característica rudeza militar, quiso ponerle remedio implantando un papel moneda de curso forzoso emitido por la Tesorería, el cual tuvo una efímera existencia pues el General quería que fuera aceptado como dinero al tiempo que un empréstito obligatorio que decretó debía ser pagado en pesos de plata. Nadie podía confiar en una moneda cuyo propio emisor no reconocía como tal.
Fundamental en esta historia es la ley 35 de 1865, gobierno de Murillo Toro, que facultaba al ejecutivo para conceder “al banco establecido en esta ciudad, o a los que en adelante se establezcan (...) hasta por veinte años (...) el derecho de emitir billetes admisibles como dinero en el pago de los impuestos y derechos nacionales, y en general en todos los negocios...”. El banco en cuestión era el Banco de Londres y Sur América, establecido a instancias del gobierno en 1864.
Los banqueros londinenses pronto tomaron las de Villadiego pues, a pesar de esa y otras grandes concesiones, no encontraron muy atractivo permanecer en un pueblo de 40.000 habitantes, capital de un país de dos millones y medio, la misma población de Londres, desparramados en un inmenso territorio sin vías de comunicación.
En 1869 Aníbal Galindo, el más destacado economista colombiano del Siglo XIX, publica su opúsculo “Estudio sobre la organización del Banco de Inglaterra”, que sería fundamental para el diseño del primer banco del País, el Banco de Bogotá, constituido en 1871, al amparo de la mentada ley 35. Se da así inicio al llamado período de Banca Libre con derecho de emisión, durante el cual se fundaron una treintena de bancos en distintas localidades del País.
En 1880, en el primer gobierno de Rafael Núñez Modelo, se crea el Banco Nacional, al que se le entrega el monopolio de emisión.