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Hace un mes el ministerio de Defensa Nacional emitió la esperada política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, titulada
Garantías para la vida y la paz. Desafortunadamente el documento ha pasado casi desapercibido por la opinión pública nacional, los medios de comunicación y la academia, aun cuando desde el inicio del actual gobierno, hace ya nueve largos y convulsionados meses, se ha venido hablando de la necesidad de dar a las fuerzas del orden lineamientos claros sobre la forma de gerenciar los temas de la seguridad, que para muchos van al garete.
La referida política, que no ha debido ser firmada por el ministro sino por el presidente de la República y elaborada en estrecha sincronía con el Plan Nacional de Desarrollo ya en vigencia, por ser una estrategia nacional que implica la acción coordinada, estructurada y sistémica entre múltiples agencias del Estado, es novedosa y de utilidad para la imperiosa comprensión de los nuevos roles doctrinarios y de gestión para las fuerzas militares y la policía nacional, dentro de los lineamientos de la seguridad humana y la paz total. El sabor que deja su lectura es que apunta hacia deseables compromisos de solidaridad, justicia y dignidad humana.
El documento, donde se visualiza la participación de múltiples intervinientes, parte de un marco estratégico y acertado diagnóstico. Fija doce principios rectores de la política, define el objetivo general y cuatro objetivos específicos, para luego enumerar las estrategias y acciones para cada uno de ellos. Al final asigna al viceministerio para la Estrategia y la Planeación la tarea de formular el “plan estratégico sectorial”, para el monitoreo y seguimiento de la política, sin definir la articulación necesaria con la estructura operacional del ministerio, que son las fuerzas militares y la policía nacional, ni hacer claridad sobre aspectos preocupantes incorporados en el Plan de Desarrollo. Me atrae sí la perspectiva de hacer realidad las leyes de seguridad y defensa nacional; protección de la infraestructura estratégica-crítica, y defensa y seguridad fronteriza, tal como se contemplan en el objetivo específico 3: “Salvaguardar la integridad territorial, la soberanía, la independencia nacional y el orden constitucional”.
Es evidente que la nueva política amplía el enfoque tradicional sobre la misión de las fuerzas del orden, centrado en combatir al enemigo que busca subvertir el orden constitucional, hacia la prevención y la protección de las personas de la violencia multicausal, desastres naturales, epidemias y toda causa que afecte la dignidad humana y el desarrollo sostenible de las comunidades, en correspondencia con los dictámenes de la seguridad humana emitidos por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, deja muchos interrogantes sin resolver sobre cómo lograr la transición partiendo de un país con un enorme porcentaje de población vulnerable, índices de criminalidad creciente y el embate de las economías ilegales que cada vez constriñen con mayor fuerza la gobernabilidad del país.
Sería inapropiado que el documento se convierta en letra muerta. Al contrario, debe ser tema de lectura y debate con ánimo constructivo.
