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Ante el creciente rechazo ciudadano y parlamentario que ha encontrado el gobierno para que le sea aprobada su reforma a la salud, comienza a tomar forma la nueva estrategia que utilizarían para cumplir con su obsesión ideológica estatizante de desmontar el actual sistema y hacer que este se acabe por substracción de materia una vez lo controlen en su totalidad.
Comenzaría por tomar el control absoluto de la Nueva EPS y proceder a acabar con las demás EPS. Lo podrían hacer de diversas maneras siendo una de las más fáciles capitalizar esta EPS, decisión ante la que las Cajas de Compensación que poseen la otra mitad de su propiedad de seguro no lo harían o no se los permitirían para no confrontar al gobierno. El efecto sería la dilución de su participación accionaria obligando a una reconfiguración de su Junta Directiva en la que el gobierno tendría la mayoría para hacer los cambios que desea.
Luego comenzaría el proceso de liquidación gradual de las demás EPS, labor que se vería facilitada por que prácticamente ninguna de ellas cumple hoy con los requisitos legales de habilitación financiera, ante la desfinanciación a que han sido sometidas por el propio gobierno. Los afiliados de las EPS cerradas serían trasladados gradualmente a la Nueva EPS.
Este sería el renacer del Seguro Social pero esta vez muchísimo más grande, lo que igualmente significaría el fin del tripartismo y de la descentralización en salud. De esta manera se daría paso a una gigantesca entidad pública controlada plenamente desde Bogotá y con la cual podrían manejar a su antojo los $80 billones del sistema.
Se repetiría la historia de corrupción y politiquería del ISS, esta vez en mayor escala, que derivaría en malos servicios a la población y en abusos contra los prestadores privados como resultado del chantaje por los contratos. Entidad que además ya no tendría a ninguna otra que le pudiera disputar su supremacía, ni los usuarios la libertad de hacer valer sus derechos cambiándose a otra similar.
No hay que ser adivino para intuir que esto será así. Basta recordar lo que ocurrió con el Seguro Social en la década del 90 que lo llevó a su desaparición. Y para no ir tan lejos, lo que hicieron con Capital Salud, la EPS pública de Bogotá a la que en menos de dos años le generaron un déficit de $600 mil millones y un deterioro sin precedentes en el servicio que obligó a su intervención por las autoridades.
Para rematar, este nuevo Seguro Social sería controlado por un poderoso sindicato al estilo FECODE más interesado en sus propios beneficios que en los de los pacientes. La salud de los colombianos quedaría en manos de políticos y sindicalistas convertida en una cuestionable herramienta de lucha ideológica donde el servicio a la gente pasará a un segundo plano, un retroceso en materia del derecho a la salud y un daño difícilmente remediable.
