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El resultado de la discusión y votación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2025 fue desastroso en el Congreso de la República. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara hundieron un proyecto de presupuesto que era a todas luces antitécnico, nada riguroso y más bien derrochador en sus gastos. Aún falta por esclarecer la no despreciable suma de 31.1 billones de pesos de difícil recaudo con la que pretenden aún financiar un monto de 523 billones de pesos para el 2025.
A pesar de la gravedad de las denuncias que hicimos varios congresistas con respecto a este proyecto, si hubo un hecho desolador para las regiones que pasó desapercibido y fue la regionalización del presupuesto de inversión, un documento que expone cómo la inversión llega a todos los territorios del país.
En mi análisis encontré que castigaron a la mayoría de las ciudades principales del país en un momento clave de reactivación de la economía, una circunstancia que preveíamos cuando presentaron una disminución del rubro de inversión en un 17.7%, equivalente a unos 17 billones de pesos para el próximo año. Mi sorpresa fue aún mayor cuando comprobé que Antioquia sería la región perdedora del próximo presupuesto.
No hay justicia tributaria por la contribución en impuestos que logra el departamento de Antioquia y lo que la nación le retorna en inversión a este territorio. Sólo en el 2023, Medellín le aportó en ingresos fiscales al país 13.7 billones de pesos en impuestos, pero este gobierno le piensa retribuir con 6.5 billones de pesos en inversión únicamente. Esto indica que el departamento aporta el 52.5% de sus ingresos fiscales para financiar los gastos de la nación y sólo le queda el 47.4% para invertir en su desarrollo.
Con una población de 6.9 millones de personas, Antioquia ocuparía el puesto 28 entre los 32 departamentos de acuerdo con el rubro de inversión per cápita por habitante. Para el 2025, a cada antioqueño le correspondería una suma de 940.000 pesos por parte de la nación para su futuro en un solo año. No quiero pensar que hay una retaliación política por parte de este gobierno a una de las regiones más importantes del país.
Revisando el histórico de asignación presupuestal en inversión para el departamento, encontré que entre 2022 y 2024, su inversión vía el presupuesto general de la nación había crecido en un 60% al pasar de 5.5 billones de pesos en el 2022 a 8.8 billones de pesos en el 2024. Sin embargo y sin ningún tipo de justificación, quieren reducirle este monto en 2.3 billones de pesos para el 2025.
El golpe más fuerte se sentirá en el bienestar de los antioqueños por cuenta de reducciones importantes en transporte, educación, inclusión social, subsidio de vivienda y deporte. Dejó de ser para este gobierno una prioridad la inclusión social, a pesar de que el 10.73% de la población del departamento aún tiene necesidades básicas insatisfechas. Las ayudas sociales como la renta ciudadana, la atención a víctimas y los jóvenes tendrán 404 mil millones de pesos menos en el 2025.
Por su parte los recursos para mejorar el transporte y la movilidad tendrán una reducción de 500 mil millones para la próxima vigencia, mientras que el deporte recibirá 10.832 millones de pesos menos al pasar de una asignación de 13.834 millones de pesos en el 2024 a solo 3.002 millones en el 2025. Lo mismo sucederá con los subsidios de vivienda, que se reducirán en casi 110 mil millones de pesos.
Esta situación me parece inaceptable e injusta con una región estratégica que tanto le aporta a Colombia. Estamos hablando de un departamento cuya población se ha caracterizado por ser pujante, resiliente, por sobreponerse a grandes adversidades de tipo económico y social. Es el momento de trabajar por las regiones y por el país. Colombia no empieza ni se termina con el gobierno de Gustavo Petro, aunque con el presupuesto el Presidente quiere castigar a los antioqueños sin contemplación alguna, afectando el dinamismo de uno de los departamentos más importantes del país.
Hoy más que nunca el Congreso de la República debe asumir el compromiso que el país necesita. Debemos trabajar por Colombia, escuchando y representando a cada ciudadano, sin importar el rincón o lugar donde se encuentren. Este es el momento de hacer lo correcto, de construir juntos un futuro justo y digno, donde las decisiones no se tomen a espaldas de la gente, sino con ellos y para ellos.
