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En la semana que Colombia asume la presidencia de la COP16 en Cali, el evento más importante del mundo sobre cambio climático y biodiversidad, miles de mineros y campesinos salieron a protestar en Santander, Antioquia y Boyacá. Una de sus inconformidades es la implementación del Decreto 044 de 2024, que busca declarar áreas de reserva temporal para restringir actividades mineras legales. Esta normativa parece ignorar los principios del Acuerdo de Escazú, acuerdo que Colombia promovió y ratificó, pero cuyos compromisos parecen desvanecerse en la práctica.
El Acuerdo de Escazú es un tratado que representa una victoria para los derechos ambientales en América Latina y en el Caribe. Su espíritu es impulsar la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El tratado obliga a los gobiernos firmantes a asegurar que las comunidades en riesgo tengan voz y acceso a la información en cualquier proceso que pueda afectar sus territorios y su entorno. Sin embargo, el Decreto 044 pone en entredicho la voluntad del gobierno de cumplir con sus obligaciones.
El Decreto establece que los estudios de impacto ambiental podrán realizarse hasta después de la toma de la declaratoria de áreas, una acción que tiene graves implicaciones. Es como si se ignorara la voz de las comunidades locales, negándoles la posibilidad de expresar su preocupación. La intención de Escazú de fomentar el diálogo social y el respeto por las comunidades parece quedar relegada segundo plano.
La implementación de este decreto transmite un mensaje contundente: ¿el diálogo con las comunidades y el respeto a sus derechos no son una prioridad?, ¿solo interesa el diálogo con sus votantes? Esto es preocupante ya que abre la puerta para que se tomen decisiones arbitrarias y desinformadas sobre los recursos naturales de Colombia, ignorando el impacto a largo plazo sobre la biodiversidad y el bienestar de sus habitantes. En este sentido, la presidencia de la COP 16 se convierte en una oportunidad para que el país reflexione sobre su papel y alinee su política interna con los valores que promueve externamente.
Es fundamental que el gobierno entienda que Escazú no es solo un compromiso en papel, sino una oportunidad real para fortalecer la democracia ambiental en Colombia. Cumplir con este tratado significa escuchar a las comunidades, valorar el conocimiento local y realizar estudios previos que ofrezcan certeza científica antes de tomar decisiones populistas que puedan comprometer el futuro del sector productivo y de los mismos ecosistemas de las zonas comprometidas.
La implementación del Decreto 044 de 2024 es un llamado de atención. No podemos permitir que Colombia caiga en la hipocresía ambiental y debe actuar conforme a los ideales que declara tanto en escenarios nacionales e internacionales. El mejor ambientalismo es el que protege los recursos naturales y es capaz de eliminar la pobreza y generar riqueza a sus poblaciones.
