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En la Comuna 13, donde hoy los turistas buscan arte y cultura, se esconde uno de los capítulos más inhumanos de nuestra historia: La Escombrera. Una verdad enterrada. ¿Quién les ha negado la verdad todo este tiempo?
Las madres buscadoras lo han gritado durante más de 20 años: sus hijos no desaparecieron, los desaparecieron. Y allí están, esperando verdad y justicia.
Durante la Administración de Federico Gutiérrez 2016-2019, se impulsó el programa “Medellín abraza su historia”, reconociendo el dolor de una ciudad víctima de la violencia del narcotráfico, que ha dejado más de 46.612 muertes violentas. La prioridad siempre fue poner a las víctimas en el centro de la memoria y no a los victimarios. Desde 2016, se reforzó el compromiso con la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, estructurando un plan de atención basado en tres líneas de acción: gestión para la búsqueda, gestión para la identificación y memoria.
En 2017, se inició el plan piloto de intervención en el Cementerio Universal, articulados con la Fiscalía para la identificación de desaparecidos. En 2018, comenzó el levantamiento de la Relación Unificada de Reportes de Desaparición en la Comuna 13, incluyendo casos desde 1973 hasta 2017. En 2019, la Alcaldía entregó a la JEP información clave sobre La Escombrera, mientras que, la Fiscalía identificó un nuevo polígono de interés, donde actualmente trabajan la JEP y la UBPD. Durante esta administración, también se logró ampliar las zonas de búsqueda en San Javier y San Cristóbal.
En 2020, la JEP emitió una orden clara: Medellín debía hacer adecuaciones en la zona para permitir la búsqueda de los desaparecidos por parte de la UBPD. Sin embargo, Quintero y su administración optaron por la inacción. Durante cuatro años, ignoraron a las madres buscadoras. La orden de la JEP fue incumplida una y otra vez, dilatando el proceso.
¿Por qué no se adelantaron los trabajos? ¿Por qué se les negó a las víctimas su derecho a la verdad? Porque, para Quintero, La Escombrera no era prioridad.
Cuando Federico Gutiérrez asumió nuevamente la Alcaldía en 2024, su primera instrucción fue clara: cumplir la medida cautelar y garantizar todas las condiciones para que la búsqueda avanzara sin más retrasos. En menos de seis meses, se adecuó el sistema de monitoreo del polígono, se instaló un campamento para el proceso de veeduría de las madres buscadoras y, en junio de 2024, junto con la UBPD y la JEP, se retomaron las excavaciones, que a hoy ya están dando resultados.
Esto marca un hito, pues la administración de Quintero incumplió la medida, poniendo en riesgo todo el proceso. Incluso, se había solicitado una sanción por desacato, lo que podría haber tenido consecuencias legales para el alcalde entrante.
Actualmente, hay cerramientos, adecuaciones y obras para garantizar la continuidad del proceso, además de atención psicológica y de enfermería para brindar condiciones dignas a las mujeres en la búsqueda de sus familiares. También, se firmó un convenio con la EDU para asegurar la continuidad de la búsqueda. Las madres, las verdaderas protagonistas de esta lucha, están siendo escuchadas y acompañadas.
Por otro lado, el presidente Petro ha hecho poco o nada por las víctimas del conflicto armado. En su Plan de Desarrollo, la reparación efectiva e integral avanza apenas en un 5,33 % en su cuatrienio. La atención a víctimas retornadas o reubicadas está en un 9,02 %. Los planes de reparación colectiva, en un escaso 9,19 %. ¿Esto es dignificar a las víctimas?
Lo más indignante es que quienes no movieron un dedo por La Escombrera ahora intentan apropiarse de la lucha de las víctimas. No se puede permitir que las madres buscadoras sean utilizadas como herramienta de propaganda política. Su dolor no puede ser instrumentalizado por quienes nunca estuvieron de su lado.
En Colombia, siempre ha sido difícil identificar a los verdaderos enemigos de las víctimas, pero Petro ha facilitado el trabajo: es él mismo quien, se erige como su mayor defensor mientras, en la práctica, las traiciona. Habla de justicia, pero debilita la JEP. Clama por la verdad, pero estrecha la mano de quienes la ocultan. Se autoproclama el protector de los más vulnerables, pero en su Paz Total los victimarios reciben amnistías y beneficios, mientras las víctimas siguen esperando.
En la sentencia del caso Guzmán Medina y otros vs. Colombia, emitida por la CIDH en 2023, se estableció la responsabilidad del Estado colombiano y, entre otras medidas, se ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el plazo de un año. Sin embargo, dicho plazo ya se cumplió y aún no hay noticias de cuándo se llevará a cabo este acto. Mientras tanto, los familiares de Arles Edisson Guzmán Medina continúan buscándolo en La Escombrera, el Estado Colombiano en cabeza de Gustavo Petro sigue en deuda con la verdad y la justicia.
Las víctimas merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Son sus derechos. Y esa verdad debe incluir a todos los responsables, incluyendo a quienes han prolongado el sufrimiento de quienes buscan respuestas.
El apoyo a las madres buscadoras no es solo pintando muros, sino acatando las órdenes de la JEP. Y aquí, en la escombrera, Federico Gutiérrez está cumpliéndole a las madres buscadoras lo que otros les incumplieron.
