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La minería ha sido un factor de desarrollo económico, social e institucional en nuestro departamento desde los tiempos de Don Antonio Mon y Velarde, quien en calidad de Oídor y Visitador con atribuciones de Gobernante, promovió el desarrollo de este sector en la entonces provincia de Antioquia mediante diferentes actos administrativos. En las décadas posteriores a la independencia de la corona española, la actividad minera propició y facilitó la asociación de capitales para financiar emprendimientos comerciales e industriales, inicialmente para proveer bienes y servicios a los emprendimientos mineros y, posteriormente, para diversificar la economía departamental, financiando la fundación de las primeras industrias antioqueñas a finales del siglo XIX. El impulso que le ha imprimido la minería al desarrollo económico regional hoy se ve reflejado en varios de los más grandes grupos empresariales del país como Conconcreto, Gran Colombia Gold, Construcciones El Condor, Mineros S.A. y Grupo Argos, entre otros. En el plano macroeconómico, la minería es fundamental para el departamento, aportando 3 puntos del PIB, dos terceras partes de las exportaciones totales, las cuales se han duplicado desde 2019, cientos de millones de dólares en inversión extranjera directa y miles de empleos bien remunerados. En otros ámbitos, la minería también ha hecho grandes aportes al departamento y al país, como por ejemplo la creación en 1864 de la Escuela de Artes y Oficios para formar técnicos para la industria minera antioqueña, que dio paso más adelante al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en 1957.
Este contexto histórico y económico es importante para entender la trascendencia y el detrimento que ocasionará la decisión del Gobierno Nacional de no prorrogar la delegación minera por parte de la Agencia Nacional de Minería, la cual retomará desde el 1 de enero las funciones que estaban delegadas en la Secretaría de Minas del departamento. La delegación, vigente desde 2001, había sido prorrogada por última vez en 2021 y por un periodo de dos años consecutivos por primera vez desde que existe esta figura, reconociendo tanto la tradición y vocación que tiene Antioquia en materia minera, como la acción articulada y armónica que había logrado el departamento con los municipios mineros y las diferentes dependencias que conforman la Secretaría de Minas.
La decisión resulta aún más desconcertante cuando se revisan las cifras de formalización minera, política supuestamente prioritaria para el gobierno nacional. Antioquia es el departamento con la mayor tasa de formalización minera del país, en gran parte gracias al trabajo conjunto entre la empresa privada y el gobierno departamental, sobre todo en las regiones del Bajo Cauca, occidental y noroccidental. En el periodo 2018-2022 se llevó a cabo la mayor campaña de formalización de la historia reciente del país, llevando a la legalidad a más de 27 mil mineros, 40 por ciento de los cuales estaban en territorio antioqueño. Con esta decisión pierden los pequeños mineros y sus familias que dependen de este sector, pierde el sector productivo y pierde Antioquia, que ahora quedan supeditados a las políticas y decisiones sobre titulación, fiscalización y formalización minera centralizadas en los burocráticos y fríos escritorios bogotanos.
*Miembro Distinguido Visitante del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia en Nueva York.
