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Parece inusual que un presidente que aún no ha alcanzado la mitad de su mandato esté hablando de la continuidad de su proyecto político. En un contexto de desorden, falta de ejecución y choques con otras ramas del poder público, sumado a innumerables anuncios, quienes seguimos de cerca la política nos encontramos como espectadores de un partido de ping-pong, en el que la atención se centra en una pequeña parte del juego, descuidando el resto.
Este reciente giro en el gobierno, percibido como más radical, intolerante y carente de autocrítica, parece estar adelantando la campaña presidencial para 2026. Sin embargo, es incierto si lo hace en favor del candidato Petro o de otra figura política. Durante un discurso reciente en Nariño, Petro pronunció frases enigmáticas que sugieren un proyecto ignorado hasta ahora.
“La oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir...”, expresó el presidente con vehemencia, mientras la multitud respondía con gritos y aplausos. “En 2026 tenemos que volver a ganar”. “Aquí no volvemos a la esclavitud, aquí hay que profundizar la democracia”. Estas declaraciones plantean interrogantes: ¿Estamos tan enfocados en los escándalos semanales que perdemos de vista un posible proyecto de continuidad gubernamental fuera del orden constitucional?
En varias ocasiones, el presidente ha expresado su desagrado por el Palacio de Nariño y su deseo de abandonarlo. No obstante, esto no implica necesariamente que se adhiera a los periodos establecidos por la democracia colombiana. El presidente ha venido reforzando una narrativa sobre la necesidad de más tiempo para corregir el rumbo de un país marcado por 200 años de construcción oligárquica.
En lugar de disipar energías en cada nombramiento, en declaraciones llamativas en foros internacionales o en detalles menores como las extravagancias de la familia presidencial, es esencial enfocarnos en una cuestión fundamental: ¿Cederá Petro el poder en dos años? ¿Se adherirá a la Constitución y a los periodos que esta establece? O, ¿intentará buscar reformas constitucionales para prolongar su mandato? ¿Tiene en mente convocar una Asamblea Constituyente?
No debemos olvidar que, en medio de una avalancha de anuncios, escándalos y controversias, hay varios procesos de paz en marcha. Bajo la promesa de una paz negociada, se contempla otorgar beneficios políticos a los actores armados a cambio del cese de sus actividades ilícitas. Ya se ha experimentado con el plebiscito; entonces, ¿cuál podría ser un nuevo método para ratificar posibles acuerdos?
Estos son algunos de los temas sustanciales sobre los que el presidente debe comenzar a dar respuestas. Es crucial que el Congreso, los medios de comunicación, los gremios y otros actores relevantes centren su atención en estas cuestiones y mantengan su enfoque, sin distraerse ante cada nuevo anuncio o iniciativa del gobierno.
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