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Cuando se fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, se encargó una especie de “Comisión de la Verdad” sobre la Violencia Política en Colombia. Esa obra se cristalizó en un libro que se llamó La Violencia en Colombia, dirigido por Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, que precisamente no son dos ángeles conservadores. Ese libro se publicó en 1963. Hace 60 años, cuando no existían las “Casas de la Memoria” de hoy.
En ese libro se relata que la violencia política en Colombia, que no fue una “guerra” como se pretende determinar hoy, comienza en 1930, cuando los conservadores pierden las elecciones presidenciales en las que, Enrique Olaya Herrera, bajo la bandera de “La Concentración Nacional”, no liberal, aprovecha la división conservadora entre el general Alfredo Vásquez Cobo y el poeta Guillermo Valencia, padre de Guillermo León Valencia, abuelo este de la senadora Paloma Valencia. Los conservadores son mayoría, y como tal, se imponen en las elecciones parlamentarias.
Enrique Olaya Herrera entrega la mitad de las gobernaciones, en consecuencia, a los liberales, y éstos designan alcaldes liberales. La otra mitad queda para los conservadores. Como los alcaldes tienen como obligación constitucional fundamental ser la primera autoridad de policía del país, les corresponde guardar el orden público, esto es mantener la seguridad, la tranquilidad, la moralidad y la tranquilidad, y para ello las fuerzas de la policía de los municipios están bajo su mando. Aquí comenzó todo, pues abusando de sus funciones y de su control sobre la policía, vinieron los “desquites” sobre los campesinos de las veredas conservadoras que bajaban a vender los productos de sus cosechas el día de mercado al parque principal de su pueblo, bajo el argumento de que no cumplían con las normas de salubridad y el consiguiente decomiso.
Cuando comienza el citado libro sobre la historia de la violencia, Fals Borda y Umaña Luna, además del cura que no podía faltar, monseñor Germán Guzmán, dicen: “Colombia ha venido sufriendo el impacto de una dura prueba desde 1930...”. Todo esto lo denunció, ante el Congreso Nacional en ese año, Laureano Gómez.
La violencia se desata en los Santanderes y Boyacá. De esas zonas nunca salimos de la violencia, desde el Grito de los Comuneros (Manuela Beltrán, José Antonio Galán) en 1781, las Ibáñez de Ocaña, las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá en Paipa en 1819, Fundación del ELN en 1963, conflictos de la UIS (Universidad Industrial de Santander), la USO en Barrancabermeja, los Chulavitas, los Caro de donde viene Miguel Antonio Caro, los Gómez de Laureano, la Guerra de los Mil Días con las batallas de Peralonso y Palonegro, hasta el lío hoy en el Catatumbo.
La violencia en Colombia, entonces, no es un problema de guerrilleros y paramilitares del año 2000 para acá, que es lo que pretende afirmar la actual “Comisión de la Verdad” donde no falta el cura jesuita, que entre otras cosas, fueron expulsados cuatro veces de Colombia, por lo que no es la comunidad “más imparcial” para escribir la real historia de Colombia y de su violencia.
