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“¡Regeneración o catástrofe!”, proclamaba Rafael Núñez en su lucha contra el “exceso de federalismo” presente en la Constitución de Rionegro. Un esfuerzo que culminó en la redacción de la Constitución centralista de 1886, la cual gobernó a Colombia durante más de un siglo.
Sin embargo, para el dolor de Núñez, la Constitución de 1991 prometió volvernos un país más descentralizado. Tal como lo establece su Artículo 298: “Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución”.
Más de 30 años después, algo de esa promesa se ha cumplido: la elección popular de alcaldes y gobernadores, que introdujo la Constitución, ha descentralizado el país políticamente.
Sin embargo, esta descentralización administrativa no ha sido acompañada por una autonomía fiscal correspondiente, dejando la tarea incompleta: la mayoría de los alcaldes y gobernadores del país continúan sometidos a la voluntad del Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, entre 1983 y 2020, la recaudación de impuestos por parte de los municipios y departamentos apenas aumentó del 2,4% al 3,4% del PIB. En contraste, los tributos recaudados por el Gobierno Nacional casi se duplicaron, pasando del 6,9% a alrededor del 13% del PIB.
Como bien señala Jaime Bonet, director del CEER, parte de la promesa de descentralización de la Constitución del 91 era que cerca de la mitad de los ingresos públicos llegaran a ser administrados por los gobiernos departamentales y municipales, lo cual jamás ocurrió. Por el contrario, las entidades territoriales han visto reducida su discrecionalidad presupuestaria, con más del 80% de las transferencias que reciben amarradas a gastos en educación y salud.
Sin un presupuesto suficiente para libre destinación, la mayoría de los alcaldes y gobernadores en el país se ven reducidos a la función de meros pagadores de nómina, enfrentándose al dilema de convertirse en simples representantes del Gobierno Nacional o de tener que mendigar la intermediación de un congresista para poder tener recursos para su gestión.
Frente esta precaria autonomía fiscal y administrativa, quizás sería más práctico que, como antes de 1991, la mayoría de los alcaldes y gobernadores fueran nuevamente designados directamente por el presidente.
Solo ciudades principales como Medellín y Bogotá, y en una menor medida algunos departamentos, cuentan con ingresos suficientes como para sostener algún grado de autonomía. Sin embargo, incluso en estos casos, observamos cómo decisiones tomadas desde escritorios en Bogotá pueden frustrar sus planes. Lo hemos visto en Antioquia con el financiamiento de las autopistas 4G y la revocación de la delegación minera, y actualmente lo está viviendo Barranquilla con el papelón de los Juegos Panamericanos.
Por esta razón, no solo encuentro interesante la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón sobre un referendo para ampliar la autonomía regional, sino que también contemplo la posibilidad de que se convierta en una opción políticamente viable.
Sigue siendo una idea en abstracto, y el diablo está en los detalles. Sin embargo, ante un Gobierno Nacional en abierta confrontación con los mandatarios electos que no son de su afinidad, podría estar surgiendo el momento oportuno para concretar la descentralización prometida en la Constitución del 91.
“Las Regiones Autonómicos son un clamor histórico inaplazable”, afirmó recientemente el Presidente del Senado, Iván Name, en un comunicado.
Por poco se le sale: “¡Descentralización o catástrofe!”...
