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La restitución de tierras representa una promesa de justicia para comunidades despojadas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, cumplir con esta tarea sigue siendo un desafío, pues hay amenazas que obstaculizan los derechos de las víctimas. En el caso del predio La Presumida, en el Urabá antioqueño, las esperanzas del Consejo Comunitario de Puerto Girón, una comunidad afrodescendiente reconocida como sujeto de reparación, están siendo truncadas por un presunto sabotaje que involucra a actores poderosos de la zona.
Esta interferencia no solo afecta el derecho de una comunidad a recuperar sus tierras, sino que también compromete el desarrollo de un proyecto estratégico para la zona: Puerto Antioquia, una obra que ha sido un ejemplo de concertación entre un proyecto de infraestructura de gran envergadura y las comunidades vecinas.
Desde 2018, el predio ha sido parte de un proceso de concertación con las autoridades, avalado por acuerdos judiciales y respaldado por instituciones como la Procuraduría y el MinInterior. Sin embargo, recientemente, este proceso enfrenta serios obstáculos impulsados por personas cercanas a figuras cuestionadas como Julián Bedoya y Javier Restrepo Girona, un empresario inmerso en líos judiciales por despojo de tierras. El presunto sabotaje incluye maniobras que buscan detener el avance del proceso de restitución. Alejandro Sánchez Ospino, empresario bananero y palmero, exempleado de Restrepo, respaldado por la abogada Catalina Otero, vinculada al mismo grupo, ha reclamado la propiedad del predio sin que esto conste en certificados oficiales, lo cual ha generado dudas sobre las verdaderas intenciones que hay detrás.
Esta situación afecta los derechos de una comunidad desplazada por la violencia. El Consejo Comunitario de Puerto Girón fue despojado en medio del conflicto armado y cuenta con el derecho de retornar a sus tierras, en un proceso que debería estar blindado contra la interferencia de intereses privados. Además, este sabotaje amenaza el avance de Puerto Antioquia, un proyecto clave que detonará el desarrollo de esta región históricamente marginada. Las decisiones recientes de la Alcaldía de Turbo y de Corpourabá, ambas bajo la influencia de Julián Bedoya, han sumado trabas legales sin justificación. Corpourabá ordenó la suspensión de actividades en el predio con una argumentación difusa, mientras que la Alcaldía emitió un fallo en contra de los derechos de servidumbre que se encuentran debidamente regulados e inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria del predio y que son necesarios para el avance de las obras del Puerto, desautorizando decisiones judiciales previas.
Aquí es necesario preguntarse: ¿por qué tanto interés en este predio, precisamente ahora que se requiere acceder a la servidumbre legalmente constituida para construir la línea de transmisión eléctrica de Puerto Antioquia? ¿Acaso hay un intento de chantaje por parte de personajes oscuros que buscan aprovecharse de los cuantiosos recursos que se están invirtiendo? ¿Estarán algunos actores intentando sacar tajada de un proyecto que detonará el desarrollo de Urabá y que además cuenta con el respaldo de la comunidad?
Este proyecto está en riesgo de convertirse en víctima de aquellos que, valiéndose de sus conexiones políticas y del control de entidades locales, buscan obtener beneficios personales a costa del progreso en la región.
