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El reciente anuncio del ICETEX sobre la suspensión de los subsidios a las tasas de interés de sus créditos educativos es una puñalada a miles de jóvenes que ven en la educación superior el camino para progresar. Es, además, la confirmación de un gobierno que traiciona a quienes confiaron en sus promesas de campaña y que evade sus responsabilidades.
El argumento del ministro de Educación es un intento burdo de lavarse las manos. Según él, la crisis presupuestal del ICETEX se debe al rechazo en el Congreso de una reforma tributaria que el Gobierno impulsó para aumentar impuestos y evitar recortes. Pero la verdad es que esta administración tuvo los recursos y el tiempo para diseñar alternativas que evitaran el golpe a los estudiantes más vulnerables. En su lugar, prefirió dejarlos a la deriva, incumpliendo no solo su compromiso de fortalecer la educación pública y crear 500.000 nuevos cupos, sino también la promesa de campaña de condonar las deudas de quienes tienen créditos. Hoy, esas promesas no son más que palabras vacías.
La realidad es alarmante. Con la eliminación de los subsidios, las tasas de interés de los créditos subirán drásticamente, pasando de IPC + 2% e IPC + 4% a niveles de entre el 12,2 % y el 17,2 % efectivo anual. Esto significa que los estudiantes más pobres, aquellos de los estratos más bajos y clasificados en el Sisbén IV, verán cómo su educación se encarece de manera brutal. Son más de 150.000 beneficiarios directamente afectados y, si la crisis se mantiene, la cifra será aún mayor.
La Contraloría ya había advertido sobre el riesgo de desfinanciación del ICETEX para 2025. Sus informes indicaban una reducción del 33% en los recursos de la entidad, lo que afectaría gravemente las líneas de crédito subsidiadas. Pero el gobierno hizo oídos sordos e ignoró las alarmas. No buscó soluciones, no diseñó estrategias de rescate, no mostró el más mínimo interés en proteger a los jóvenes que, paradójicamente, lo apoyaron en su llegada al poder.
La suspensión de nuevas convocatorias de créditos educativos es otro golpe letal. Limita las oportunidades de miles de jóvenes y agrava la ya crítica brecha de acceso a la educación superior en Colombia. ¿Cómo hablar de equidad cuando se castiga a quienes menos tienen? ¿Cómo hablar de progreso cuando se cierran puertas en lugar de abrirlas?
Esta es la triste realidad: un gobierno que prometió condonar deudas y terminó encareciendo el crédito; un ministro que culpa a otros en lugar de asumir su responsabilidad; y una generación de estudiantes que se siente defraudada y abandonada. La educación superior es un derecho, no un privilegio, y es inaceptable que la respuesta del Estado sea encoger los hombros y mirar hacia otro lado.
Colombia necesita un gobierno que garantice el acceso a la educación, que respete sus compromisos y que entienda que invertir en los jóvenes es invertir en el futuro del país. Lo contrario, lo que estamos viendo hoy, solo perpetúa la desigualdad y apaga las esperanzas de miles de estudiantes que merecen mucho más.
