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El proyecto Hidroituango es de la mayor importancia para Antioquia. Es primera vez que un proyecto de esta naturaleza es propiedad, por partes iguales, del el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, a través de Empresas Públicas de Medellín.
El proyecto hidroeléctrico está diseñado para que operen 8 turbinas que generan energía hidroeléctrica. De esas turbinas ya están generando energía 2 y eso representa ingresos de un millón de dólares diarios. Se espera que este año entren en funcionamiento otras dos turbinas.
La sociedad Hidroituango, que es la dueña del proyecto, contrató a EPM para que construyera y operara la central, trayectoria, a través del famoso contrato BOOMT. Durante la construcción de la central hidroeléctrica, se presentó el siniestro que por poco da al traste con el proyecto. Tanto Gustavo Petro como Daniel Quintero hacían fuerza por su fracaso.
La construcción del proyecto tenía contratada una póliza de seguro “Todo Riesgo” que incluía daño emergente y lucro cesante. Según informe de prensa de EPM de agosto 30 del 2023, el seguro todo riesgo fue contratado con la multinacional MAPFRE y cubría tres mil ciento ochenta y cuatro millones de dólares (US 3.184.000.000,00), lo que sobre un dólar de $ 4.000 son casi trece billones de pesos ($ 12.736.000.000.000,00), dos veces el presupuesto anual de Medellín.
EPM acordó con MAPFRE el pago de sólo novecientos ochenta y tres millones de dólares (US 983.000.000,00). Esa es la pregunta: ¿por qué EPM negoció el pago de un siniestro que cubría $ 3.184 millones de dólares, por casi la cuarta parte? Al día de hoy hay cuatro (4) turbinas sin contratar su obra civil porque Daniel Quintero y su marioneta de EPM se negaron a facilitar que quienes habían hecho las obras civiles de las cuatro primeras turbinas (CCC) pudieran hacer las otras cuatro, desatendiendo el Informe Pöyry.
Parece que EPM transigió con MAPFRE por ese valor, basado en una apreciación del valor del siniestro que hizo la Contraloría General de la República, como si ese fuese el órgano lo suficientemente técnico, veraz e imparcial, para determinar un daño de esa naturaleza. Efectivamente, según aparece en el acuerdo transaccional en el punto 24, que fue obligado por un Juez a EPM a que se hiciera público, el fallo de la Contraloría definía un detrimento fiscal de cuatro billones trescientos mil millones de pesos (Un daño emergente de $ 3 billones 157 mil millones, y un lucro cesante de $ 1 billón 173 mil millones de pesos).
Efectivamente, esos 983 millones de dólares que recibió EPM de MAPFRE por el pago del siniestro corresponden en pesos colombianos a la suma en que la Contraloría determinó el daño fiscal, aproximadamente.
Así las cosas, quedan serias dudas: la suma asegurada era muy grande y lo recibido no se compadece con la misma. Debe EPM informar a la ciudad cuánto es el valor real del siniestro de Hidroituango y deberá aclarar por qué recibió sólo 983 millones de dólares cuando el seguro todo riesgo estaba pagado para cubrir 3.184 millones de dólares. Debe abrirse el debate.
